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En Japón continuó, durante la primera mitad de 2010, la esperanza de que la escalada de  ejecuciones de los últimos años estuviera tocando a su fin. Sin embargo, el 28 de julio de 2010 fueron ahorcados Kazuo Shinozawa, de 59 años (responsable de la muerte de seis mujeres en el incendio de una joyería en 2000), y Hidenori Ogata, de 33 (condenado por matar a una pareja en 2003). Las ejecuciones se llevaron a cabo justo un año después de la última registrada en el país.

Desde que en septiembre de 2009 llegó al poder una coalición de centro-izquierda, encabezada por el Partido Democrático de Japón, no se habían producido nuevas ejecuciones. La ministra de Justicia nombrada en ese momento, Chiba Keiko, es una franca detractora de la pena de muerte. Tras el doble ahorcamiento anunció la creación de un grupo de trabajo sobre la pena de muerte en el ministerio de Justicia.

El pasado 24 de agosto la ministra de Justicia anunció cambios en los procedimientos de ejecución que permitirán que los medios de comunicación presencien las ejecuciones, en un aparente intento de impulsar un debate público sobre la pena capital. Tres días después, la cámara de ejecuciones de la prisión de Tokio  fue abierta a los medios por primera vez.

Durante las elecciones a la Cámara de Consejeros (Cámara Alta) de julio de 2010, Keiko Chiba perdió su escaño como consejera, pero conservó el cargo de ministra de Justicia hasta septiembre. El 17 de ese mes, Minoru Yanagida prestó juramento como nuevo ministro de Justicia. En una rueda de prensa celebrada poco después de su nombramiento, anunció que durante su mandato se llevarían a cabo ejecuciones. Sin embargo, el 22 de noviembre, Minoru Yanagida presentó su dimisión como ministro de Justicia, y el secretario primero del consejo de ministros Yoshito Sengoku señaló que asumiría las responsabilidades de ministro de Justicia hasta que se nombrase un nuevo titular del cargo. El 30 de diciembre, una organización de radiodifusión nacional, NKH, informó de que el ministro de Justicia en funciones Sengoku había dicho que el comité creado por el ex ministro Chiba reanudaría su debate sobre la pena de muerte en 2011. 

Al iniciarse el siglo, el número de ejecuciones era de una o dos al año. En 2006, cuatro personas fueron ahorcadas, cifra que se elevó a nueve en 2007 y a 15 en 2008. En 2009 hubo siete ejecuciones hasta septiembre, cuando subió al poder el nuevo Gobierno. En diciembre, el ministro de Asuntos económicos Kamei Shizuka anunció que el Gobierno trabajaría para lograr la abolición de la pena de muerte, afirmando: “Va a ser un viaje difícil por un empinado camino, teniendo en cuenta que el 85 por ciento de la población está a favor de la pena capital”. En julio de 2010, 107 personas continuaban condenadas a muerte en Japón.