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En 2011, Estados Unidos siguió siendo el único país del continente americano que llevó a cabo ejecuciones, un total de 43, que  se registraron en 13 de los 34 estados que mantienen la pena de muerte. De éstos, la mayoría (74 por ciento) se llevó a cabo en los estados del sur, con 13 ejecuciones en Texas, el 30 por ciento del total. Otros estados que llevaron a cabo ejecuciones fueron: Alabama (6), Arizona (4), Carolina del Sur (1), Delaware (1), Florida (2), Georgia (4), Idaho (1), Mississippi (2), Missouri (1), Ohio (5), Oklahoma (2) y Virginia (1).

En 2011 se impusieron 78 nuevas condenas a muerte. Esta cifra supone un acusado descenso del uso de la pena de muerte, de casi la mitad, desde 2001, cuando se impusieron 158.

Asimismo, Estados Unidos es el único país del G8 donde se llevaron a cabo ejecuciones.

También se registraron casos de pena de muerte a extranjeros, como el de un ciudadano mexicano ejecutado en Texas, Humberto Leal, pese a la decisión vinculante de un tribunal internacional, según la cual se le habían negado sus derechos consulares tras su detención.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que el gobierno tratará de imponer la pena de muerte en los casos de seis ciudadanos extranjeros que se encuentran detenidos en Guantánamo y que serán juzgados por una comisión militar. Las comisiones militares de Estados Unidos no cumplen con las normas internacionales sobre juicios justos. Entre otras faltas, las comisiones carecen de independencia y son discriminatorias, ya que cualquier ciudadano de Estados Unidos que hubiese cometido el mismo delito que los detenidos en Guantánamo sería juzgado por un tribunal civil. El derecho internacional prohíbe el uso de la pena de muerte tras juicios que no cumplen con los más altos estándares de equidad.

El activismo de la abolición y el debate público sobre la cuestión de la pena de muerte fueron especialmente notables en el período previo a la ejecución de Troy Davis, en Georgia, el 21 de septiembre de 2011. Serias dudas rodearon su condena por el asesinato de 1991 de un oficial de policía: el caso contra él principalmente se basaba en testimonios de testigos y siete de los nueve testigos clave se habían retractado o cambiado su testimonio después del juicio original. Algunos afirmaron haber sido presionados o coaccionados por la policía para que declararan o firmaran declaraciones que implicaban a Troy Davis. Miles de personas y muchas organizaciones de todo el mundo participaron en una campaña desarrollada por Amnistía Internacional desde 2007 contra la ejecución de Troy Davis y pidiendo la conmutación de su sentencia de muerte.  Aproximadamente un millón de firmas fueron entregadas en las peticiones de clemencia y su caso tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación de todo el mundo.

Ya son 16 los estados que han rechazado el uso de la pena de muerte. En enero de 2011, el gobernador de Illinois firmó el proyecto de ley de abolición de la pena de muerte y conmutó la pena capital impuesta a 15 hombres pendientes de ejecución. Esta no es sino la señal más reciente de que Estados Unidos está alejándose gradualmente de un castigo cuyos costes y riesgos el país ha empezado a reconocer como inaceptables. Oregon declaró una moratoria en 2011.

Los otros 15 estados abolicionistas de Estados Unidos son Alaska, Dakota del Norte, Hawai, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Virginia Occidental y Wisconsin. El Distrito de Columbia también es abolicionista.