Por los derechos humanos en todo el mundo

Desde 1977 más de 1.200 personas han perdido la vida a manos del estado en Estados Unidos. Al menos cien de estas personas padecían enfermedades o problemas mentales graves, bien antes de los delitos por los que fueron condenadas a muerte, bien en el momento de su ejecución.
 
En algunos casos la enfermedad mental era hereditaria, en otros el diagnóstico fue de trastornos mentales causados por terribles malos tratos en la infancia, la violencia carcelaria o sus experiencias como soldados enviados a combatir por su gobierno. 
 
A algunos de los ejecutados los años vividos en el corredor de la muerte les habían provocado problemas de salud mental o pronunciado los que ya tenían. Entre las personas que han retirado sus apelaciones y dado “consentimiento” a su propia ejecución, hay varias con enfermedades mentales.
 
En algunos casos hubo serias dudas sobre la aptitud del procesado para ser juzgado, si entendía realmente la naturaleza y la gravedad de las actuaciones que se seguían contra él o tenía capacidad para colaborar en su defensa. También hay dudas en ciertos casos sobre la aptitud del procesado para declararse culpable o renunciar al abogado del juicio y a defenderse a sí mismo; de hecho, algunos procesados con enfermedad mental han pedido la pena de muerte en lo que parece ser un intento de suicidio.  

En el informe de Amnistía Internacional "Estados Unidos: la ejecución de personas con enfermedad mental", hecho público a finales de enero de 2006, se incluye un listado ilustrativo de 100 hombres y mujeres con algún tipo de enfermedad mental, que han sido ejecutados en Estados Unidos.

En 2008 hubo dos buenas noticias en relación con personas con enfermedad mental condenadas a muerte en Estados Unidos. El 9 de junio de 2008 el gobernador de Virginia, Timothy Kaine, conmutó la pena de muerte de Percy Levar Walton por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por considerar que “no puede determinarse con una certeza razonable que Walton es plenamente consciente del castigo que va a sufrir y por qué va a sufrirlo”.

El 27 de junio de 2008 un juez de Carolina del Norte falló que Guy Tobias LeGrande no era apto para ser ejecutado debido a la grave enfermedad mental que padece. El juez de la Corte Suprema Robert Bell se basó para tomar esta decisión en los testimonios de tres psiquiatras, que declararon que Guy LeGrande sufría “transtornos de personalidad, psicosis y paranoia clínica”. Sin embargo, su pena no fue conmutada por lo que permanece en el corredor de la muerte.

Estados Unidos debe abolir la pena de muerte y, como primer paso mínimo, debe librarse de uno de los aspectos más vergonzosos de este castigo indecente: la ejecución de personas con enfermedades mentales.

Amnistía Internacional colabora con la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) en la campaña por la abolición de la pena de muerte a personas con enfermedades mentales en Estados Unidos. Si quieres puedes ayudarnos en la recogida de firmas en papel, que te puedes descargar directamente en esta página.