Por los derechos humanos en todo el mundo

Los autores de los actos de violencia contra las mujeres pueden ser funcionarios u otros agentes del Estado, pero en la mayor parte de los casos se trata de particulares. Esposos o compañeros, familiares, médicos, líderes religiosos, jefes y empresas pueden ser responsables de violencia contra las mujeres y tienen obligaciones básicas con respecto a los derechos humanos. 

El Estado tiene una responsabilidad directa a la hora de impedir la violación de los derechos, investigar y sancionar estos actos y proporcionar reparación a las víctimas. La violencia contra las mujeres en los conflictos armados debe ser visibilizada y sancionada por parte de los Estados y, en su caso, por Tribunales Internacionales. Las víctimas deben ser debidamente reparadas y debe garantizarse que los abusos no vuelvan a producirse. 

Cuando las situaciones de abuso trascienden las fronteras como la trata de mujeres y niñas, los abusos contra trabajadoras migrantes, refugiadas o migrantes indocumentadas es especialmente complicado establecer responsabilidades y garantizar protección a las mujeres.