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Sierra Leona (25-02-09)

Augustine Gbao e Issa Hassan Sesay © AP GraphicsBank

Londres.- La sentencia dictada por el Tribunal Especial para Sierra Leona, que ha declarado a tres altos cargos del Frente Revolucionario Unido culpables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluidos violación y otros delitos de índole sexual, es un paso positivo, pero insuficiente aún en la lucha contra la impunidad en este país, ha manifestado Amnistía Internacional.

En su sentencia, la Sala de Primera Instancia del Tribunal Especial ha declarado a Issa Hassan Sesay, Morris Callón y Augustine Gbao culpables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado que se desarrolló en Sierra Leona entre 1991 y 2002.

En el fallo se los considera penalmente responsables de homicidios ilegítimos, violación, matrimonio forzado, actos de terrorismo, ataques contra personal de las fuerzas para el mantenimiento de la paz, esclavitud y otros actos inhumanos, entre otros delitos, lo que refuerza la condena internacional de los delitos de violencia sexual.

“Estas sentencias condenatorias envían un mensaje claro a la comunidad internacional en general y a los autores de delitos contra la población africana en particular, a saber: los responsables de delitos de derecho internacional no quedarán sin castigo”, ha manifestado Christopher Keith Hall, asesor jurídico de Amnistía Internacional.

No obstante, la organización ha señalado que sólo algunas de las personas sobre las que recae presuntamente la mayor parte de la responsabilidad del conflicto armado de Sierra Leona han sido juzgadas ante el Tribunal Especial.

Amnistía Internacional ha manifestado que hay muchas otras personas –probablemente centenares- que deben ser investigadas en Sierra Leona o en cualquier otro Estado que esté dispuesto a ejercer la jurisdicción universal, y, si hay indicios admisibles suficientes, procesadas en juicios con las debidas garantías y en los que no se imponga la pena de muerte.

Al declarar a dos de los tres acusados culpables de reclutar o alistar a menores de 15 años en fuerzas o grupos armados o hacerlos participar en las hostilidades, la Sala de Primera Instancia ha confirmado una vez más que estos actos constituyen graves crímenes de guerra por los que se deben imponer penas acordes con esa gravedad.

La decisión de la Sala de Primera Instancia ha reafirmado también que la concesión de una amnistía a una persona responsable de delitos de derecho internacional –como ha ocurrido en Sierra Leona y en otros Estados africanos- no es obstáculo en el derecho internacional para su procesamiento.

Una disposición sobre la concesión de un amnistía, incluida en el Acuerdo de Lomé del 7 de julio de 1999, prohíbe el procesamiento de toda persona ante tribunales de Sierra Leona por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional. No obstante, aunque no se aplicara la amnistía, no se podrían iniciar procesamientos por estos delitos, ya que Sierra Leona no los ha definido aún como crímenes de derecho internacional en su legislación nacional.

“El gobierno de Sierra Leona debe prescindir de las disposiciones del Acuerdo de Lomé que hacen posible la impunidad y tratar como delitos en su legislación nacional todos los delitos de derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y las desapariciones forzadas –ha manifestado Christopher Keith Hall- . De lo contrario, las víctimas se verán obligadas a presentar denuncias en otros Estados donde la jurisdicción extraterritorial, incluida la jurisdicción internacional, esté permitida.”

Más información

• Hasta la fecha, el Tribunal Especial para Sierra Leona ha dictado acta de procesamiento contra 13 personas de acuerdo con su limitado mandato, que le permite procesar a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas desde el 30 de noviembre de 1996.

• Hasta la fecha, 8 de las esas 13 personas han sido declaradas culpables y condenadas. Dos han muerto, otras dos están todavía en libertad y una más, el ex presidente Charles Taylor, está siendo juzgada en La Haya, por 11 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Sierra Leona, entre ellos homicidios ilegítimos, violación y uso de niños soldado. El Tribunal Especial está intentando conseguir todavía los cinco millones de dólares estadounidenses necesarios para completar el juicio de Charles Taylor.

• En febrero, la Sala de Apelaciones confirmó las condenas impuestas originalmente en las causas contra los miembros del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas Alex Tamba Brima (50 años de cárcel), Ibrahim Bazzy Kamara (45 años) y Santigie Borbor Kanu (45 años).

• La causa contra Moinina Fofana y Allieu Kondewa –miembros de la Fuerza de Defensa Civil—concluyó en mayo. Duplicando las penas originales, la Sala de Apelaciones los condenó a 15 y 20 años, respectivamente.

• Aunque el Estatuto del Tribunal Especial no contiene ninguna disposición sobre reparaciones, está previsto que al final de febrero se inicie un proceso de concesión de reparaciones, recomendación clave de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona. Se espera que el proceso permita indemnizar a 100.000 personas, entre individuos que sufrieron amputaciones, heridos de guerra, víctimas de violencia sexual, viudas de guerra y menores. Actualmente, la mayor parte de la financiación procede del Fondo para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona, pero hace falta mucha más.

Categorías: Africa, Conflictos armados, Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, Derechos sexuales y reproductivos, Grupos armados de oposición, Impunidad, Menores, Mujeres

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