Por los derechos humanos en todo el mundo

Son numerosos los países africanos donde el intento por poner freno a la libertad de expresión ha conducido a graves vulneraciones de derechos humanos, con especial intensidad en el contexto de la celebración de elecciones. Con frecuencia, esas violaciones se cometen con total impunidad.

En diversos países africanos se siguen prohibiendo  las manifestaciones pacíficas o deteniendo a sus participantes, como son los casos de Angola, Benín, Camerún, Suazilandia y Togo, entre otros.

También como parte de una política represiva, Amnistía Internacional ha documentado casos en los que se ha intimidado, amenazado o detenido arbitrariamente a periodistas en Burundi, Chad, Costa de Marfil, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Ruanda, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda y Zimbabue.

El continente americano sigue siendo una región peligrosa para quienes trabajan en los medios de comunicación. Casi 400 trabajadores de medios de comunicación recibieron a lo largo del pasado año amenazas o sufrieron ataques, y al menos 13 periodistas murieron a manos de agresores no identificados. Más de la mitad de estas muertes se produjeron en México, seguido de Honduras, Colombia y Brasil. En muchos casos las víctimas pudieron ser escogidas por intentar sacar a la luz la corrupción o las relaciones entre funcionarios y redes de delincuentes.

Basta con un análisis somero del estado de la libertad de expresión en esta región para constatar que un gran número de periodistas y activistas han arriesgado su vida y su bienestar para exigir a Gobiernos y otros agentes poderosos que cumplieran con su obligación de respetar los derechos y la dignidad de las personas. Muchos de los que se atrevieron a ejercer su derecho a expresar libremente sus opiniones sufrieron abusos. 

Independientemente de las razones de la disidencia y pese a las diferencias políticas, religiosas, étnicas y culturales, la mayoría de los Gobiernos de la región tenían en común el deseo de reprimir las críticas. Asimismo, algo en lo que coincidían también Gobiernos de toda la región era el uso sistemático de la “seguridad nacional” o el mantenimiento de la armonía y la estabilidad como fundamento de sus intentos de silenciar la disidencia.

En una región que se enorgullece de ser un referente para la libertad de expresión, en algunos países la realidad es muy diferente para quienes intentan dar a conocer abusos, sostienen opiniones alternativas o piden responsabilidades a gobiernos y otros agentes. Se han dado ataques contra la libertad de expresión y asociación, y contra los propios defensores y defensoras de los derechos humanos. Además, en países como Macedonia, Serbia o Montenegro los periodistas siguen siendo víctimas de acoso e intimidación, y son objeto de persecución los medios de comunicación privados y quienes se consideran que tienen vínculos con la oposición.

En Turquía, si bien existe un debate cada vez más abierto sobre temas que anteriormente eran tabú, la expresión de opiniones disidentes —especialmente si se referían a críticas contra las fuerzas armadas, a la situación de los armenios y los kurdos en Turquía o a procesos penales en curso— dan lugar a numerosos procesamientos penales.  Amnistía Internacional pudo comprobar que en 2010, entre los sectores contra los que con más frecuencia se iniciaban procesamientos figuraban los periodistas, los activistas políticos kurdos y los defensores de los derechos humanos. Se siguen imponiendo restricciones arbitrarias que impiden el acceso a sitios web, y se han dictado órdenes temporales de cierre de periódicos. También continúan las amenazas de violencia contra personas que expresaban abiertamente sus opiniones. 

En la Federación Rusa, las autoridades siguen emitiendo mensajes contradictorios sobre la libertad de expresión. Prometen mayor respeto y protección para los periodistas y activistas de la sociedad civil, pero al mismo tiempo no impiden campañas difamatorias contra destacados detractores del gobierno. El entorno sigue siendo hostil para los defensores de los derechos humanos y las ONG independientes. Continúan las amenazas, las agresiones, el acoso administrativo y los ataques públicos contra la reputación y la integridad de estas personas y organizaciones, dirigidos a obstaculizar su trabajo y menoscabar su credibilidad. Las investigaciones sobre asesinatos y otros ataques contra destacados periodistas y defensores de los derechos humanos han dado muy pocos resultados y se sigue reprimiendo el activismo social.

Muchos de los países de la región cuentan con un triste historial de gobiernos que han restringido o restringen la libertad de expresión, de asociación y de reunión, impidiendo el desarrollo de organizaciones de derechos humanos y de una sociedad civil dinámica, y tratando de impedir las expresiones públicas de disidencia. La “primavera árabe” ha conseguido evidenciar hasta qué punto algunos regímenes políticos temen a sus propios ciudadanos y están dispuestos a cualquier cosa para silenciarlos.