Los “diamantes ensangrentados”, o diamantes extraídos de minas localizadas en zonas en conflicto, exacerban los abusos contra los derechos humanos. En los últimos tiempos han financiado conflictos en África que han provocado la muerte y el desplazamiento de millones de personas.

Los beneficios del comercio ilegal de diamantes, que han ascendido a miles de millones de dólares, han servido a los caudillos militares y a los grupos rebeldes para comprar armas. Se calcula que en Angola, la República Democrática del Congo, Liberia y Sierra Leona han muerto en conflictos mantenidos gracias a los diamantes cerca de 3,7 millones de personas.

Aunque en Angola y Sierra Leona ha acabado ya la guerra y en la República Democrática del Congo han disminuido los combates, el problema de los diamantes de zonas en conflicto no ha desaparecido.

En 2003 comenzó a aplicarse un sistema internacional de certificación de diamantes, denominado Proceso de Kimberley, que obliga a garantizar que los diamantes proceden de lugares libres de conflictos. Es un paso adelante, pero es necesario que se refuerce con acciones concretas por parte de los gobiernos, incluyendo la adopción de sistemas de control estrictos y efectivos, y asegurando su aplicación íntegra.

Aún con el proceso Kimberley en marcha, los diamantes de zonas en conflicto como Costa de Marfil pasan al comercio legítimo de diamantes a través de Ghana. Sierra Leona es otro ejemplo de cómo una pequeña cantidad de diamantes ensangrentados puede causar grandes estragos en un país: Entre 1991 y 2002, murieron de forma violenta más de 50.000 personas, más de dos millones se vieron desplazadas o se convirtieron en refugiados en otros países. Miles de seres humanos fueron víctimas de brutales mutilaciones, violaciones o torturas. Hoy en día, Sierra Leona todavía no se ha recuperado completamente de las consecuencias del conflicto.

Es tarea de los gobiernos y la industria de los diamantes garantizar que no llegan a los consumidores diamantes ensangrentados.