Por los derechos humanos en todo el mundo

La industria petrolera y extractiva, por su naturaleza, ha sido asociada frecuentemente a abusos sobre los derechos humanos relacionados con la seguridad. Se trata de una característica que no se da con la misma intensidad en otros sectores industriales y es principalmente el resultado de su carácter estratégico, especialmente en determinados países. 

La actividad extractiva debería respetar los derechos humanos y contribuir al desarrollo sostenible. Pero en numerosas ocasiones, por el contrario, alimenta los conflictos y abusos e incrementa la pobreza.

Las operaciones de seguridad destinadas a proteger los emplazamientos de las industrias extractivas vienen siendo un problema recurrente, a menudo en países o zonas ya afectados por el conflicto. Las violaciones de los derechos humanos se suelen asociar a la actividad de grupos de seguridad, públicos o privados, y las tensiones que se generan con las comunidades locales. 
 
Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de violaciones de derechos humanos, en los que están implicados fuerzas de seguridad  y empresas de seguridad privadas , especialmente en el delta del Níger y en Colombia. También ha investigado en varios casos operaciones de seguridad relacionadas con las conflictivas relaciones entre las empresas y las comunidades, que a menudo adoptan posiciones críticas por los impactos muy negativos en sus formas de vida y no perciben ningún beneficio de la riqueza que generan las explotaciones.

Amnistía Internacional considera que las compañías necesitan examinar el contexto de derechos humanos desde el comienzo de las operaciones, actuando con la debida diligencia en relación con los impactos negativos sobre los derechos humanos y realizando consultas efectivas con las comunidades de acuerdo con lo determinado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.