

Las empresas deberían ser un agente de desarrollo económico, bienestar y riqueza, pero también pueden tener una influencia negativa sobre los derechos humanos de las comunidades en cuyos territorios realizan sus actividades.
Muchos de los países más pobres del mundo son también los más ricos en recursos. Una combinación paradójica. La actividad de las empresas debería respetar los derechos humanos y contribuir al desarrollo sostenible. Pero en numerosas ocasiones alimenta los conflictos y abusos e incrementa la pobreza.
Las denuncias de abusos contra los derechos humanos son especialmente numerosas en la industria extractiva. Esto no resulta sorprendente, dado el impacto que estas operaciones tienen en los recursos de tierras y agua. Las comunidades pueden ser desalojadas por la fuerza para dejar paso a las actividades de extracción. La contaminación o la sobreexplotación de la tierra y del agua pueden destruir o poner en peligro medios de subsistencia –y formas de vida– tradicionales.
Las negociaciones de las comunidades afectadas con los Gobiernos no suelen ser transparentes, no se facilita información completa y verdadera, o bien las comunidades no saben que la información está disponible, o no pueden siquiera leerla.
Los pueblos indígenas y las mujeres son especialmente vulnerables y tienen menos oportunidades de acceder a la justicia.
Por otra parte, en nombre de la eficiencia económica, los Estados privatizan servicios públicos fundamentales para el disfrute de derechos como la educación, la salud y el agua. La supervisión por los Estados es cada vez más laxa y las empresas pueden adoptar prácticas discriminatorias.
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