

Los actores económicos, especialmente las compañías transnacionales, han adquirido un poder e influencia sin precedentes dentro de la economía mundial. Esto no siempre ha beneficiado a las sociedades en las que operan.
Las empresas tienen un enorme impacto en los derechos de las personas y las comunidades. Este impacto es a menudo positivo; por ejemplo, las compañías que tienen éxito crean puestos de trabajo y también aumentan los ingresos que percibe el Estado, que éste puede emplear para financiar servicios básicos y otras iniciativas.
Sin embargo, las empresas pueden tener un impacto negativo en los derechos humanos de ciertas personas o comunidades afectadas por sus operaciones, y pueden abusar de estos derechos directamente o en connivencia con otros actores. Las víctimas son, por lo general, colectivos en situación de vulnerabilidad, con dificultades en su acceso a la justicia y en la protección de sus derechos.
Para evitarlo, existen algunos mecanismos, tanto a nivel nacional como internacional, que tienen como fin prevenir los abusos corporativos a los derechos humanos y lograr que las compañías rindan cuentas de sus actividades. Estos mecanismos son, sin embargo, insuficientes para impedir los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas o para hacer que estas empresas rindan cuentas de sus actos. En muchas ocasiones esos mecanismos son puramente voluntarios para las empresas, y no contemplan, por ejemplo, el establecimiento de reparación y remedio para las víctimas.
El trabajo de Amnistía Internacional con los actores económicos se dirige principalmente a los gobiernos, a las empresas y a las instituciones internacionales, principalmente Naciones Unidas, pero también la Unión Europea, la OCDE, el Banco Mundial, y otras instituciones. Este trabajo se ha diseñado teniendo en cuenta el poder e influencia que estos agentes ejercen sobre los estados y las instituciones internacionales, y el impacto que tienen sobre los derechos humanos.
A través de análisis e investigaciones, el trabajo de Amnistía Internacional se centra en aquellos casos de abuso a los derechos humanos en los que hay empresas implicadas, y en cómo los gobiernos eluden su deber de prevenir estos abusos o hacer responsables a las empresas cuando éstos se producen.
La organización trabaja para que se fijen unos estándares globales basados en la legislación internacional sobre derechos humanos y para que se refuercen los marcos legales, tanto nacionales como internacionales. Las empresas deben prevenir el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos y rendir cuentas ante los tribunales en caso de contribución a las violaciones de derechos humanos o complicidad con las mismas.
Amnistía Internacional pide a las empresas que promuevan el respeto por los derechos humanos mediante vías tales como:
Amnistía Internacional pide además a las empresas que hagan del respeto de los derechos humanos un componente integrante de sus operaciones empresariales, incluso en sus tratos con otras empresas, socios, asociados, filiales, proveedores y autoridades gubernamentales.
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