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Inicio  Temas  Desapariciones forzadas  Las desapariciones y la ONU

Las desapariciones y la ONU
Manifestantes portando una pancarta con el texto "Comité Internacional contra las Desapariciones"Haz clic para ampliar
Manifestación en Trafalgar Square después de la detención de Augusto Pinochet en Londres, 1998 © AI

Para hacer frente a las desapariciones forzadas, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en 2006 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Cuando entre en vigor, la Convención se convertirá en una herramienta útil para evitar las desapariciones forzadas, determinar la verdad sobre estos delitos, castigar a los responsables y ofrecer reparaciones a las víctimas y a sus familias.

La Convención define la desaparición forzada como:
"El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley."

La Convención aborda las violaciones relacionadas con las desapariciones forzadas y los problemas a los que se enfrentan aquellas personas que intentan investigarlas y hacer rendir cuentas a sus responsables. Asimismo reconoce el derecho de las familias a conocer la verdad sobre el destino de una persona desaparecida y a obtener reparaciones.

La Convención obliga a los Estados a proteger a los testigos y a responsabilizar legalmente a toda persona implicada en una desaparición forzada. También exige a los Estados instaurar firmes salvaguardias para aquellas personas privadas de su libertad, buscar a las personas desaparecidas y, en el caso de que hayan fallecido, localizar, respetar y restituir sus restos.

La Convención también reclama a los Estados que persigan a los presuntos responsables que se encuentren en su territorio, sin importar el lugar en el que hayan cometido el delito, a no ser que decidan extraditarlos a otro Estado o entregarlos a una corte penal internacional.

Un Comité contra la Desaparición Forzada velará por la implantación de la Convención y estudiará las denuncias de personas individuales y de Estados.

Para que la Convención entre en vigor sólo necesita ser ratificada por algunos gobiernos más. Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que todavía no lo han hecho que ratifiquen la Convención lo antes posible. La ratificación proclamará con fuerza que las desapariciones forzadas no se tolerarán y será una herramienta nueva y muy necesaria para aquellos que buscan a sus seres queridos.