Por los derechos humanos en todo el mundo

Rosendo Radilla tenía 60 años cuando en agosto de 1974 fue víctima de una desaparición forzada. El que fuera alcalde del municipio de Atoyac, en el estado de Guerrero, y activista social, fue visto por última vez en un cuartel días después de ser detenido en un control de carreteras. Otras personas que estaban detenidas con él informaron de que fue torturado.  

Al igual que en otros casos de desapariciones forzadas, los sucesivos gobiernos mexicanos se han negado a explicar qué le ha sucedido a Rosendo Radilla. Pero del mismo modo, su familia se ha negado a abandonar y ha llevado su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperan que este año, la corte actual obligue al gobierno mexicano a decirles la verdad y les garantice su derecho a la justicia.

"Me decían 'y tú, ¿por qué no perdonas?'", dice Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo. "Por lo mismo que aquél no me dice qué hizo con mi padre. ¿Está vivo o está muerto? ¡No sé! Cuando uno piensa, él era muy friolento. Y cuando lo acababan de detener yo pensaba en eso. ¿Tendrá frío? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sed? ¿Le dolerá algo? ¿Qué pasa con él? Y eso no es un momento, sino que toda la vida. Como dicen 'ya no hay que reabrir la herida'. ¿Cuál reabrir? La herida está abierta. Jamás ha sido cerrada."

Familias en todo el mundo esperan tener noticias de qué ocurrió con esos seres queridos que se llevaron agentes del Estado o personas que actúan con su apoyo o aquiescencia.

Amigos y familiares no tienen la manera de saber qué ha ocurrido con ellos. Las personas desaparecidas no tienen la protección de la ley. Les puede ocurrir cualquier cosa. Muchas son torturadas. Muchas fallecen.

El 30 de agosto se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos. Todos los años Amnistía Internacional junto con otras ONG, asociaciones de familias y grupos de base, recuerda a los desaparecidos y exige justicia para las víctimas de desapariciones forzadas mediante actividades y eventos.

Los Gobiernos se sirven de las desapariciones forzadas como herramienta de represión para acallar la disidencia y para eliminar cualquier oposición política, así como para perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos.

Durante el conflicto armado de Kosovo en 1999, más de 3.000 personas de etnia albanesa sufrieron desapariciones forzadas a manos de la policía serbia y de las fuerzas paramilitares y militares. Más de 800 serbios, romaníes y otras personas fueron secuestrados por miembros de grupos étnicos albanos armados. Más de 1.900 personas en Kosovo y Serbia continúan a la espera de saber qué les ocurrió a sus familiares.

Las desapariciones forzadas están relacionadas a menudo con operaciones de contrainsurgencia o antiterrorismo. Chechenia, que en 1991 intentó escindirse de la Federación Rusa, ha sufrido desde entonces los estragos de dos conflictos armados y de una operación antiterrorista. Tanto las fuerzas de la Federación Rusa como los agentes de la ley chechenos se han visto implicados en desapariciones forzadas, que suman miles.

En Filipinas, más de 1.600 personas han desaparecido desde la década de los 70, principalmente en operaciones de contrainsurgencia contra grupos de izquierda o secesionistas.

James Balao, activista en favor de los derechos de los indígenas e investigador, desapareció en septiembre de 2008 cuando se dirigía en automóvil a visitar a su familia en La Trinidad, provincia de Benguet.

Hombres armados y uniformados que decían ser agentes de policía, lo hicieron parar y lo metieron en una furgoneta blanca. Testigos que firmaron declaraciones juradas en las que relataban su captura se encuentran hoy escondidos por miedo a ser perseguidos.

Los familiares y los amigos de las personas desaparecidas sufren la angustia de la incertidumbre y no pueden llorar su pérdida ni continuar con sus vidas. Chief Ebrima Manneh, periodista gambiano, fue detenido en julio de 2006 por el intento de dar a conocer un artículo de la BBC crítico con el gobierno de Gambia. Su paradero todavía se desconoce pese a que un tribunal regional de África occidental dictó una sentencia sin precedentes en la que ordenaba al gobierno de Gambia su liberación y el pago de indemnizaciones. La madre de Ebrima Manneh comenta que le cuesta disfrutar de cualquier cosa porque no puede quitarse a su hijo de la cabeza. La familia ha dicho a Amnistía Internacional que se encuentra cada vez más aislada porque otras personas tienen miedo de relacionarse con ellos. Además está pasando una situación apurada porque dependían del sueldo de Ebrima Manneh.