Todos los derechos humanos están relacionados entre sí, son interdependientes e indivisibles. Desde hace casi treinta años las personas a quienes se les ha denegado el acceso a la justicia en el ámbito nacional pueden denunciar violaciones de derechos humanos civiles y políticos ante un organismo de las Naciones Unidas. Sin embargo, los individuos carecen de una vía efectiva para denunciar, por ejemplo, la falta de educación, de vivienda o de agua potable.  

Amnistía Internacional trabaja desde hace tres años con la Coalición de ONG para la Adopción de un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tal protocolo permitiría que personas o grupos presentasen quejas ante un órgano internacional respecto de violaciones de DESC cometidas por un Estado parte. 

Además de este trabajo para reforzar el marco jurídico internacional, Amnistía Internacional también actúa a favor de los DESC en situaciones concretas. Estos son tres ejemplos:

• Angola: Desde noviembre de 2005 más de 600 familias han sido desalojadas de sus viviendas en varios barrios de la capital. Amnistía Internacional ve con preocupación que los recientes desalojos masivos en Luanda, al igual que los efectuados en años anteriores, se han llevado a cabo sin la protección procedimental y el debido proceso legal exigido por las normas internacionales. AI ha pedido al gobierno angoleño que ponga fin a los desalojos masivos y al uso de la fuerza en operaciones que han dejado a comunidades indigentes y marginadas sin abrigo ni acceso a los servicios de salud y otros servicios públicos.

• Guatemala: La desigual distribución de la tierra, la probreza y un sistema jurídico favorable a los terratenientes ricos han dejado mal provista a una estructura institucional debilitada para resolver las más de 1.000 disputas agrarias existentes en el país. Amnistía Internacional, que en el informe Guatemala, ¿tierra de injusticia? refleja esta situación, pide al gobierno guatemalteco una política agraria específica en relación con el derecho de la tierra.

• Israel y los Territorios Ocupados: El muro/valla de Cisjordania rodea ciudades y pueblos palestinos y separa a comunidades y familias. En su construcción, miles de hectáreas de tierras agrícolas están siendo destruidas y confiscadas, separando a granjeros de sus tierras y a palestinos de sus lugares de trabajo y de educación así como de sus centros sanitarios. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Israel que ponga fin a la construcción del muro y proceda a su desmantelamiento.