
Irán (31-01-12)
Amnistía Internacional siente preocupación por la oleada de detenciones de trabajadores de medios de comunicación y blogueros que se está llevando a cabo en Irán con la intención de limitar la libertad de expresión en el periodo previo a las elecciones parlamentarias, previstas para el 2 de marzo de 2012.
Las detenciones indican que las autoridades iraníes están optando, una vez más, por restringir la libertad de expresión y asociación, en un aparente intento de alterar el discurso público y acallar las posibles críticas al historial del gobierno en diversos ámbitos, incluidos los derechos humanos y las medidas económicas, antes de que empiece la campaña electoral.
Amnistía Internacional insta a las autoridades a poner en libertad a todas las personas detenidas en las últimas semanas, a menos que las acusen sin demora de un delito común reconocible y las juzguen de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.
La organización ha manifestado que el poder judicial de Irán debe dejar claro que todas las personas del país tienen derecho a expresar libremente sus opiniones, incluidas las relativas a las elecciones próximas a celebrarse, y que este tipo de restricciones y detenciones viola las obligaciones internacionales contraídas por Irán en materia de derechos humanos respecto al ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
El 8 de enero de 2012, el ministro de Inteligencia, Heydar Moslehi, anunció que las autoridades habían detenido en Teherán a varios “perturbadores de las elecciones” que, según decía, estaban “tratando de ejecutar, mediante redes virtuales y sociales, conspiraciones estadounidenses contra el noveno proceso de elecciones parlamentarias”.
Amnistía Internacional ha recibido información sobre las siguientes personas detenidas, según los informes, en las últimas semanas:
Amnistía Internacional también ha manifestado su preocupación por el discriminatorio procedimiento de selección de los candidatos a las elecciones de Irán. Los candidatos pueden ser rechazados por diversos motivos, como la identidad étnica, las creencias religiosas o las opiniones políticas, así como por su nivel de educación.
Información complementaria
Según los informes, el 28 de enero de 2012, el Dr. Abbas Ali Kadkhodaei, portavoz del Consejo de Guardianes –órgano encargado de supervisar las elecciones–, dijo que el Consejo había aprobado a 2.700 de las 4.877 personas inscritas como candidatos para los 290 escaños del Parlamento, aunque los descartados todavía tenían derecho a apelar contra su descalificación. Se espera que la lista definitiva de candidatos aprobados esté concluida para el 11 de febrero de 2012. En 2008, casi 7.200 personas se inscribieron como candidatos electorales, y de ellas fueron descalificadas unas 1.700.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Irán es Estado Parte, obliga a los Estados a respetar los derechos reconocidos en el Pacto “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Entre esos derechos, conforme establece el artículo 25, se encuentra el de gozar “de los siguientes derechos y oportunidades: […] [v]otar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.
En noviembre de 2011, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila la aplicación del PIDCP, expresó su preocupación por las restricciones impuestas en Irán a la libertad de expresión, asociación y reunión, así como a la participación en la dirección de los asuntos públicos.
En sus observaciones finales, el Comité expresó su preocupación por el cierre de periódicos y de la Asociación de Periodistas Iraníes, por la detención de periodistas, directores de periódicos, cineastas y trabajadores de medios de comunicación, y por la vigilancia del uso y los contenidos de Internet, el bloqueo de sitios web de noticias y análisis políticos, la reducción de la velocidad de navegación en la web y el bloqueo de las emisiones extranjeras por satélite, en especial desde las elecciones presidenciales de 2009. Asimismo, pidió a las autoridades que garanticen que los periodistas pueden ejercer su profesión sin temor a ser procesados, y las instó a “poner en libertad, rehabilitar y ofrecer una reparación judicial efectiva y una indemnización a los periodistas” detenidos arbitrariamente, y a garantizar que la supervisión de Internet no viola el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.
El Comité expresó también su preocupación por los requisitos establecidos para inscribirse en las campañas electorales, incluido el derecho del Consejo de Guardianes a rechazar candidatos a las elecciones parlamentarias. Manifestó asimismo su inquietud por la manera en que se celebraron las elecciones presidenciales de 2009, en las que se negó el acceso a los observadores electorales internacionales, se bloquearon las señales de telefonía móvil, el acceso a las redes sociales y los sitios web de oposición, y se acosó y se detuvo arbitrariamente a activistas políticos, a miembros de las comunidades minoritarias étnicas y religiosas del país, a estudiantes, a sindicalistas y a activistas de defensa de los derechos de las mujeres. Al Comité le preocupó además la detención de decenas de miembros de la oposición política en febrero de 2011, y la disolución por orden de los tribunales de dos partidos políticos partidarios de las reformas. El Comité instó a las autoridades a reformar la ley electoral y a “tomar medidas adecuadas para garantizar que las elecciones se celebren de forma libre y transparente en plena conformidad con el Pacto, incluso mediante el establecimiento de una comisión electoral independiente de supervisión”.
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Categorías: Defensores y defensoras de derechos humanos, Detenciones arbitrarias, Europa y Asia Central, Iran, Libertad de expresión, Procesos electorales
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