
Ecuador ( 2-12-11)
Amnistía Internacional recibe con profunda preocupación la información sobre la condena a un año de prisión y 100.000 dólares de multa a la defensora de derechos humanos Mónica Chuji de Ecuador y considera inadmisible el uso indebido del sistema de justicia penal para acallar voces críticas al gobierno.
Mónica Chuji es miembro activa de la comunidad Sarayaku de Sucumbíos, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). En el primer semestre del 2007 ocupó el cargo de secretaria de comunicación del gobierno.
En una entrevista publicada el 6 de febrero de 2011 por el periódico El Comercio, Mónica Chuji, dando su opinión sobre el actual gobierno, calificó a Vinicio Alvarado, secretario general de la administración pública, de “nuevo rico”. Por tales declaraciones, el 25 de noviembre ella fue condenada por el delito de injurias calumniosas. El presidente Rafael Correa asistió personalmente a la audiencia en la que se dictó la sentencia condenatoria y días después, en un programa televisado, dijo que a "Mónica se le aplicó un juicio por mentirosa". Amnistía Internacional ve con preocupación tan activa participación por parte del ejecutivo en este caso, dado que puede generar una presión indebida que podría poner en riesgo la imparcialidad e independencia del sistema de justicia.
Esta sentencia condenatoria, dictada por un juez de garantías penales de Quito, forma parte de una serie de casos en los que Amnistía Internacional ha documentado cómo el sistema de justicia penal es utilizado indebidamente para menoscabar y restringir el derecho a la libertad de expresión y pensamiento en Ecuador. Este es el caso, por ejemplo, de los periodistas del periódico El Universo a quienes, en julio del presente año, se les impuso una condena exorbitante por haber usado el adjetivo “dictador” para referirse al presidente Correa en una columna de opinión.
Organismos regionales e internacionales de derechos humanos han señalado que los casos de difamación contra autoridades públicas han de enjuiciarse en procesos civiles y no deben ser objeto de procedimientos penales.
Es de gran preocupación que el gobierno ecuatoriano haga uso indebido del sistema de justicia para acallar críticas legítimas. Estas sentencias condenatorias constituyen un ataque directo a la libertad de expresión y opinión en Ecuador y envían un mensaje intimidatorio a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes indígenas y todo aquel que quiera expresar críticas sobre el gobierno. De acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que es parte Ecuador, la libertad de expresión y opinión deben ser ejercidos sin temor a represalias.
La defensa de Mónica Chuji apeló la sentencia y solicitó la nulidad del proceso por considerar que contiene fallas procesales y se le esta juzgando por un delito que nunca existió. Ahora el juez debe decidir si avala el perdón o entra a revisar el caso.
Categorías: América, Defensores y defensoras de derechos humanos, Juicio justo, Libertad de expresión
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