Por los derechos humanos en todo el mundo

China (29-09-09)

Londres.- Las autoridades chinas han intensificado la vigilancia, los actos de hostigamiento y las encarcelaciones de activistas a medida que se acerca el 1 de octubre, 60 aniversario del país, con el fin de impedirles plantear motivos de preocupación de derechos humanos que cuestionen la imagen de armonía social que pretenden difundir las autoridades, según ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional calcula que varios centenares de activistas y disidentes están sometidos a diversos tipos de vigilancia o arresto domiciliario y que miles de peticionarios están siendo expulsados de Pekín. La organización sigue recibiendo informes según los cuales se está recluyendo a peticionarios en “cárceles negras” y otros centros informales de detención situados fuera de la capital.

“El gobierno chino quiere celebrar los éxitos del país asegurándose de que no se oye ni una sola queja u opinión disidente”, afirmó Roseann Rife, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía. “En realidad, lo que las autoridades están transmitiendo es el miedo que tienen a dejar que la población hable de verdad sobre su situación, sobre las cosas buenas y las malas.”

En las últimas semanas, las autoridades han aumentado la vigilancia de peticionarios, activistas de derechos humanos, miembros de confesiones religiosas y minorías étnicas para asegurarse de que no plantean quejas o problemas de derechos humanos en ningún foro que tenga lugar durante las celebraciones del Día Nacional.

Los peticionarios son personas que piden justicia presentando sus casos ante las autoridades centrales de Pekín después de que las instancias locales no hayan dado solución a los agravios sufridos.

El viernes 25 de septiembre, medios de comunicación chinos informaron de que los departamentos del gobierno central que gestionan las peticiones (la Oficina Estatal de Cartas y Peticiones y la Oficina de Seguridad Pública) ordenaron a las autoridades locales que revisasen sus registros y mantuviesen bajo vigilancia a toda persona que hubiera presentado una petición recientemente.

Las autoridades de Pekín suelen devolver por la fuerza a los peticionarios a sus localidades de origen antes de actos o conmemoraciones importantes, pues creen que la presencia de estas personas sería perjudicial para la imagen pública del país hacia el exterior.

“Pedimos a las autoridades que levanten inmediata e incondicionalmente todas las restricciones impuestas a los activistas de derechos humanos y que liberen a todos los presos de conciencia encarcelados a lo largo y ancho del país”, dijo Roseann Rife.

Amnistía Internacional ha documentado recientemente los siguientes incidentes:

• El 25 de septiembre, las autoridades pidieron a Zeng Jinyan, esposa del activista de derechos humanos encarcelado Hu Jia, que se marchase de Pekín y que no regresara hasta después del 10 de octubre. Zeng Jinyan ha estado sometida a una estrecha vigilancia desde que su esposo fue encarcelado en abril de 2008, con lo que en la práctica se ha puesto fin a gran parte del trabajo de derechos humanos que llevaba a cabo la pareja.
• El 23 de septiembre, la policía comunicó al abogado del activista de derechos humanos detenido Liu Xiaobo que su cliente tenía que permanecer recluido para seguir siendo investigado ante la sospecha de “incitación a la subversión contra el poder del Estado”. La policía había detenido a Liu Xiaobo en su casa de Pekín el 8 de diciembre de 2008, dos días antes de que éste presentase la Carta 08, una propuesta de reformas jurídicas y políticas en China.
• A mediados de septiembre, se obligó a varios activistas de Pekín a abandonar la ciudad. Entre ellos estaba Gao Hongming, ex preso político y miembro del Partido Democrático Chino; Wang Ling, activista del derecho a la vivienda que fue enviado a un campo de reeducación por el trabajo durante los Juegos Olímpicos de 2008; y Qi Zhiyong, activista pro democracia discapacitado a consecuencia de una herida de bala durante la represión de Tiananmen de 1989.
• Desde el 22 de septiembre, Tian Qizhuang, director de Iniciativa para una Constitución Abierta, no ha sido visto por su familia. El 24 de septiembre, llamó a su hijo para explicarle que se encontraba bajo vigilancia policial y para pedirle que le preparara alguna ropa. Xu Zhiyong, fundador de Iniciativa para una Constitución Abierta, sigue sometido a vigilancia, y la secretaria económica de la organización, Zhuang Lu, tan sólo mantiene un contacto limitado con su familia más cercana desde que quedó en libertad el 23 de agosto.
• Dos docenas de agentes de seguridad vestidos de civil permanecen apostados a la entrada de la casa de Yuan Weijing, esposa del activista encarcelado Chen Guangcheng. Además, le cortan intermitentemente conexión telefónica. Yuan Weijing, junto con Chen Guangcheng, defendía los derechos de las personas con discapacidad y de las mujeres víctimas de los abusos cometidos por la imposición de las políticas de planificación familiar de la ciudad de Linyi, provincia de Shandong.
• En la provincia de Zhejiang, la policía se ha apostado delante de las casas de varios miembros del proscrito Partido Democrático Chino, entre ellos Zhu Zhengming, Zhu Yufu, Mao Qingxiang y Hu Xiaoling, para impedirles salir.
• A principios de septiembre, Xie Changfa, miembro del Partido Democrático Chino, fue condenado a 13 años de prisión por cargos de “subversión” en la provincia de Hunan. Ésta es una de las condenas más largas que se ha impuesto a un activista político o de derechos humanos en los últimos años.
• Cuatro peticionarias procedentes de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang –Yang Xinmei, Li Suping, Wang Lina y Sun Li– fueron detenidas en Pekín a finales de agosto. En un principio se les impuso una pena de 15 días de detención administrativa, pero posteriormente han sido enviadas a un campo de reeducación por el trabajo durante dos años para impedir que vuelvan a presentar peticiones durante las vacaciones del Día Nacional. Las mujeres pedían soluciones a varios asuntos, como la confiscación de tierras y errores judiciales.

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