Mario Ernesto Patrón nació en México D. F. y desde muy pronto debía de tener muy claro su futuro profesional, porque tiene 29 años y ya lleva 10 dedicado a la defensa de los derechos humanos.
Trabaja junto a una veintena de profesionales en el Centro de Derechos Humanos de Tlachinollan del estado de Guerrero. Forma parte del equipo jurídico que asesora a las comunidades indígenas y asume su representación en los procesos legales necesarios.
Mario califica de “crítica” la situación de derechos humanos en el estado de Guerrero y hace balance: “Los derechos económicos, sociales y culturales son los que sistemáticamente más se violan por la ausencia de una política social adecuada y por una discriminación presupuestal sistemática hacia la población indígena (…) Además, Guerrero históricamente se ha destacado por ser uno de los estados que más violaciones a los derechos civiles ha registrado”. Especialmente grave le parece que se utilice la desaparición forzada y la tortura “como métodos de aplicación sistemática en la investigación y persecución de los delitos”.
Por ello, en su currículum destaca su trabajo como principal autor e impulsor del proyecto de Ley Especial para tipificar la desaparición forzada como delito, que fue aprobada por el Congreso del estado de Guerrero en septiembre de 2006.
Su compañera Alejandra González empezó a trabajar como psicóloga en esta organización en agosto de 2004. Es la responsable del Programa de Atención Psicológica a Víctimas, en el que se atiende la salud mental de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Aunque ella personalmente no ha sufrido intimidaciones, denuncia que el antropólogo Abel Barrera, director de Tlachinollan, recibió amenazas de muerte en 2002 por su trabajo como defensor en la región, dentro de la campaña de acoso que siguió a la muerte de otra defensora, Digna Ochoa, ese mismo año.
Mario y Alejandra creen que la violencia estructural ejercida contra los pueblos más marginados de la región no va a cesar: “Vislumbramos que el actual escenario continuará, acompañado de mayor represión a líderes y luchadores sociales, incluidos los defensores de derechos humanos”.