Ennaâma Asfari, defensor de derechos humanos saharaui, fue detenido el 13 de abril por las fuerzas de seguridad marroquíes y presuntamente torturado. Días después fue encarcelado. Ayúdanos a exigir al gobierno marroquí que investigue las alegaciones de tortura y a que Ennaâma Safari tenga derecho a un juicio justo.

En Colombia, las autoridades gubernamentales, las fuerzas de seguridad y los paramilitares acusan sistemáticamente a las organizaciones sociales de colaborar con la guerrilla, acusaciones a las que siguen amenazas de muerte y todo tipo de violaciones de derechos humanos contra los miembros de éstas y sus familias.

Estas organizaciones trabajan por las comunidades más vulnerables y desplazadas, siendo tachados por ello de subversivos. Desde Amnistía Internacional se sigue con gran preocupación esta actitud y solicitamos actuar con urgencia en esta Acción Urgente.

En Bangladesh cada vez son más las voces que exigen en Bangladesh abordar los crímenes de guerra cometidos durante la guerra de independencia. M. A. Hasan, médico y dirigente de una organización de la sociedad civil que investiga estos hechos, está sufriendo amenazas de muerte y está siendo buscado por personas seguramente vinculadas a alguno de los investigados.

Amnistía Internacional está preocupada por la seguridad de M. A. Hasan y su familia, por lo que pide al protección adecuada para ellos, así como para otras personas que se dedican a recopilar pruebas contra presuntos criminales de guerra.

El gobierno de Irán acusa a la ciudadana Khadijeh Moghaddam de “difusión de propaganda contra el Estado, alteración de la opinión pública y atentados contra la seguridad nacional” por el hecho de trabajar con otros defensores de derechos humanos para reunir un millón de firmas y lograr el fin de la discriminación jurídica de la mujer en Irán.

Khadijeh Moghaddam está encarcelada y aislada, y amenazada por no delatar a sus compañeros activistas. Para Amnistía Internacional es una presa de conciencia y le preocupa su salud y su incomunicación. Debemos actuar ante las autoridades de Irán para que la liberen y esté protegida contra tortura y malos tratos.

Una vez mas los y las defensoras de derechos humanos víctimas directas del conflicto. Pide al Gobierno colombiano que adopte de inmediato medidas eficaces para proteger a Yolanda Becerra de la OFP e investigue los sucesos del 4 de noviembre y lleve a los responsables ante la justicia.