Por los derechos humanos en todo el mundo

Shi Tao es un periodista y poeta residente en la provincia de Hunan, China. Fue condenado a 10 años de prisión en 2005 por “facilitar ilegalmente secretos de Estado a entidades extranjeras”. La condena fue impuesta por haber enviado, a través de su cuenta en Yahoo!, un mensaje de correo electrónico a sitios web extranjeros con un resumen del comunicado del Departamento Central de Propaganda chino. En él se explicaba cómo tratar a los periodistas en el decimoquinto aniversario de la represión de 1989. Para condenarle, las autoridades chinas utilizaron datos facilitados por la empresa de Internet Yahoo!. Amnistía Internacional lo considera un preso de conciencia y pide su puesta en libertad de manera inmediata e incondicional.

Fariba Kamalabadi y Mahvash Sabet, dos dirigentes bahai, una minoría religiosa no reconocida en Irán, fueron condenadas en agosto de 2010 junto a otros cinco hombres bahai a 20 años de prisión por “delitos” tales como “espionaje para Israel”, “insulto a las santidades religiosas” y “propaganda contra el sistema”. En septiembre de 2010 fueron absueltos de algunos cargos como el de espionaje, pero todavía cumplen condena de 10 años por “actuar contra la seguridad del Estado” y “propaganda contra el sistema”. Las detenciones y el hostigamiento contra bahaíes se han intensificado en los últimos años y, en la actualidad, hay al menos 79 miembros de esta comunidad encarcelados. Shirin Ebadi, una de las abogadas de este caso, declaró a Amnistía Internacional que el sumario de la causa contra estas siete personas estaba vacío y que las acusaciones eran infundadas.

Germain Ndabamenya Etikilime, Medard Mabwaka Egbonde y Bosch Ndala Umba , ex miembros de los servicios de seguridad de la República Democrática del Congo (RDC), llevan desde marzo de 2004 detenidos por el servicio de seguridad militar en la República del Congo. Los tres hombres afirman que huyeron de la RDC para evitar ser detenidos por las autoridades. Según aseguran, estaban siendo falsamente acusados de tratar de derrocar al gobierno de su país. Los tres pidieron asilo, pero solo a Bosch Ndala Umba recibió la condición de refugiado. La detención de estas tres personas constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por la República del Congo en virtud de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. También viola el Código de Procedimiento Penal del país.