Por los derechos humanos en todo el mundo

Manifestación de Amnistía Internacional en el Día Internacional contra la Pobreza © AI

Amnistía Internacional lanzó el pasado mes de mayo la nueva campaña global Exige Dignidad. Desde su nacimiento en 1961 la organización ha trabajado intensamente para, entre otras cosas, liberar a miles de presos de conciencia en todo el mundo y pedir cuentas por los abusos cometidos contra ellos. Con esta nueva campaña, nos movilizamos para liberar a los presos de la pobreza y exigir dignidad para todas las personas. La pobreza no tiene nada de inevitable; la pobreza tiene responsables.

Con Exige Dignidad, Amnistía Internacional hace campaña, por ejemplo, para pedir a los Estados que protejan los derechos de los habitantes de asentamientos precarios, que pongan fin a las muertes innecesarias de mujeres por complicaciones en el embarazo y que garanticen que las empresas respetan los derechos de quienes viven en la pobreza.

Como no podía ser de otra manera, la Red de Acciones Urgentes no es ajena a esta nueva campaña. De hecho, en los últimos meses ya se han lanzado acciones urgentes que se enmarcan en ella. Estos son algunos ejemplos:


Brasil: Justicia para familias guaraní kaiowá
AU 229/09 (24 de septiembre de 2009)

Treinta y cinco familias guaraní kaiowá de la comunidad de Laranjeira Ñanderu, entre cuyos miembros hay 60 niños y niñas, fueron desalojadas el 9 de septiembre de 2009 de sus tierras ancestrales, que habían reocupado en 2007. Ahora están acampadas junto a la carretera B-169, en el municipio de Rio Brilhante, estado de Mato Grosso do Sul, en condiciones extremadamente precarias, sin alimentos, agua corriente ni cobijo adecuado.
La policía federal que supervisó el desalojo dijo al propietario que las familias regresarían a recoger sus pertenencias, incluidos los tejados de paja que necesitaban para reconstruir sus chozas junto a la carretera. Sin embargo, el propietario de la tierra se lo impidió. Dos días después de ser desalojada, los granjeros han quemado sus casas y destruido las pertenencias que las familias guaraní kaiowá tenían intención de recoger más tarde.

México: Detener la violencia contra una comunidad desalojada
AU 235/09 (3 de septiembre de 2009)

El 13 de agosto de 2009, los habitantes de San Antonio Ebulá, localidad situada a las afueras de la capital del estado de Campeche, fueron víctimas de desalojo forzoso y algunos de ellos golpeados por guardas de seguridad privados ayudados por la policía. El pueblo fue arrasado pero sus habitantes están planeando regresar pacíficamente. Es posible que la policía y los guardias de seguridad privados utilicen la violencia para impedir su regreso.

Aproximadamente un centenar de guardias de seguridad, contratados por un empresario de la construcción privado, desalojaron por la fuerza a los habitantes del pueblo de San Antonio Ebulá. La operación fue observada por un centenar de policías estatales que rodeaban la zona. Testigos presenciales y observadores de derechos humanos han declarado que los guardias de seguridad golpearon a varios habitantes, dos de los cuales fueron detenidos temporalmente por la policía y posteriormente quedaron en libertad sin cargos. Más de sesenta casas fueron destruidas, se cortaron todos los árboles y se destrozaron las cosechas y se dejó escapar o se robó a los animales.


Israel permite a un enfermo palestino salir de Gaza
AU 183/09 (10 de julio de 2009)

Las autoridades israelíes accedieron a que el palestino Ahmed Abu Mteer saliese de Gaza el 10 de julio de 2009 para acudir a un hospital palestino de Jerusalén Oriental a fin de someterse a un tratamiento que podría salvarle la vida.

Ahmed Abu Mteer padece linfoma de Hodgkin, cáncer que afecta a las células sanguíneas y que puede curarse si se trata a tiempo. El tratamiento al que se ha sometido en Gaza no ha sido suficiente para controlar su enfermedad. En mayo de 2009 lo derivaron con urgencia al Hospital Augusta Victoria de Jerusalén Oriental para que se sometiera a un tratamiento que podría salvarle la vida. Sin embargo, las autoridades israelíes le denegaron el permiso para salir de Gaza a fin de acudir a una cita allí en junio. Adujeron para ello “razones de seguridad” no especificadas.

Las autoridades israelíes continúan negando a enfermos palestinos en estado crítico el acceso a tratamientos que no pueden recibir en Gaza.

Nigeria: Miles de personas enfrentadas al desalojo forzoso
AU: 228/09 (28 de agosto de 2009)

El gobierno del estado de Rivers, en el sur de Nigeria, ha comenzado un proceso de desalojos forzosos con el objeto de despejar el terreno para una urbanización comercial. Miles de personas corren peligro de ser desalojadas y quedar en la miseria.

El 28 de agosto de 2009, unos equipos de demolición provistos de buldózers acudieron a la comunidad de Njemanze, acompañados de policías y soldados, para comenzar el trabajo. Según ONU-HÁBITAT, unas 45.000 personas viven en los dos asentamientos seleccionados, Njemanze y Abonnema Wharf, en Port Harcourt, capital del estado de Rivers. Miles de residentes de ambos asentamientos corren peligro de que los desalojen. Algunos de ellos llevan 15 años o más residiendo allí. Muchas de las personas que se enfrentan al desalojo forzoso afirman que el gobierno no llevó a cabo un proceso de consulta adecuado sobre el plan de desalojos. El gobernador del estado de Rivers ha anunciado que compensará solamente a propietarios, y no a inquilinos o a dueños de edificios construidos sin permiso. Las personas que viven allí no han recibido alojamiento alternativo.


Camboya: Los habitantes de GROUP 78, desalojados en Camboya
AU 110/09 (17 de julio de 2009)

Unas 60 familias de bajo nivel de ingresos que habitaban en la zona conocida como Group 78, en la capital de Camboya, Phnom Penh, han sido sometidas a desalojo forzoso tras tres años de hostigamiento e intimidación por parte del gobierno.

Las familias no tuvieron más remedio que aceptar indemnizaciones inadecuadas y desmontar sus hogares para que no los destruyeran por la fuerza. La mayoría de las familias se fueron un día antes de agotarse el plazo, el 17 de julio. Siete se quedaron en sus casas, con activistas de derechos humanos y periodistas observando la situación. Antes del amanecer del 17 de julio, al menos 70 agentes de las fuerzas de seguridad, algunos armados con pistolas y porras eléctricas, entraron en el área y cortaron los accesos. Decenas de trabajadores contratados, con camisas rojas, demolieron lo que quedaba de las casas ya desmanteladas. En horas, las familias que aún resistían accedieron a irse. Se les dio hasta las 3 de la tarde de ese mismo día para desmontar sus casas y marcharse. Se llevaron con ellas su pertenencias y fueron a buscar un lugar donde vivir.

Los residentes de Group 78 han vivido durante tres años bajo la amenaza constante del desalojo forzoso. Comenzaron a instalarse en la zona, situada en los márgenes del río, en 1983. Desde entonces, el valor del terreno se ha incrementado enormemente. A partir de 2006, las familias solicitaron varias veces títulos oficiales de propiedad de las tierras, pero las autoridades hicieron caso omiso, a pesar de que los residentes tenían documentos oficiales que apoyaban sólidamente sus reivindicaciones.