Por los derechos humanos en todo el mundo

Los cargos contra cuatro de los cinco miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) se han retirado por falta de pruebas, y los cuatro presos de conciencia, Manuel Cruz, Orlando Manzanárez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, han quedado en libertad.

Sin embargo, un activista de la OPIM, Raúl Hernández, continúa recluido por cargos falsos, y Amnistía Internacional sigue pidiendo que se ponga fin a su detención injusta.

Estos cinco defensores de los derechos humanos fueron detenidos y acusados de asesinato en el estado de Guerrero en abril de 2008. El 21 de abril de 2009, una jueza falló en favor de los cinco defensores, resolviendo que no había pruebas que corroboraran la acusación de que habían participado en el asesinato de Alejandro Feliciano García.

La OPIM fue fundada en 2002 con el fin de defender y promover los derechos de la población indígena Me’phaa de México. En el estado meridional de Guerrero, donde viven unas 116.000 personas pertenecientes a esta comunidad, se registra uno de los niveles más elevados de marginación y uno de los indicadores más bajos de desarrollo humano del país. Los miembros de la OPIM han sido sometidos a una práctica concertada de hostigamiento e intimidación. Han sido agredidos y amenazados en numerosas ocasiones. Muchos han sido sometidos a una estrecha vigilancia, y uno de sus dirigentes ha sido asesinado.

Las amenazas y los ataques contra la OPIM se han intensificado desde que la organización empezó a pedir activamente justicia para las mujeres indígenas violadas por soldados, y una indemnización para los hombres indígenas que fueron manipulados para someterse a esterilización.

Se han cancelado las órdenes de detención dictadas contra cinco miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) más de un año después de que se los acusara de un delito que no habían cometido.

Más información en AU 314/08 y actualizaciones