

Soy una yamitji-noongar del oeste de Australia. Cuando estaba en la escuela, pasaba las vacaciones trabajando en fábricas de procesado de alimentos, y presenciaba el racismo y el sexismo hacia la mano de obra migrante; también veía qué pocos eran los indígenas australianos que conseguían un empleo seguro allí.
En 1983 fui cofundadora del Comité de Defensa de los Derechos de la Población Negra, un grupo de familiares de indígenas muertos bajo custodia, que pronto se convirtió en una organización nacional. Emprendí una gira de conferencias y recopilé un centenar de historias de muertes bajo custodia policial en toda Australia; también hicimos campaña para la creación de una Comisión Real sobre las Muertes bajo Custodia. Fue un momento histórico. La Comisión Real se estableció, con un presupuesto récord de 40 millones de dólares australianos. Era la primera vez que la comunidad indígena forzaba la mano del Gobierno, y dio origen a bastantes más fondos y acciones a nivel federal. Creo que fue fundamental para que el gobierno australiano firmara el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; desde entonces, otros grupos han podido utilizarlo para garantizar sus propios derechos.
Participé en la redacción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y eso me hizo darme cuenta de que no importan los distintos entornos históricos, sociales, económicos o culturales de los pueblos; sus derechos son universales. Esa es la lección más importante que aprendí de mi activismo: que los derechos humanos son inherentes, universales e indivisibles.
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