Por los derechos humanos en todo el mundo

Hemos sido 4.434 firmantes

Esta acción ha finalizado. Casi 4.500 personas han actuado para que la Presidencia española de la UE pida a Rumania que ponga fin a la situación de Erzsébet Fodor, su familia y otras 70 personas de etnia gitana que viven junto a una planta de aguas residuales en Rumanía y que les ofrezca una vivienda adecuada.

Si bien lamentablemente no ha habido buenas noticias respecto al caso de Erzsébet Fodor y su familia, el apoyo ciudadano, unido al trabajo de incidencia llevado a cabo por Amnistía Internacional y organizaciones como la Fundación Secretariado Gitano, logró que en la II Cumbre Europea sobre la Comunidad Romaní, celebrada en Córdoba el 8 y 9 de abril, el Trío Presidencial (España–Bélgica–Hungría) adoptara una Declaración final positiva (“Declaración de Córdoba”), por la que se comprometen en los próximos 18 meses a trabajar de forma urgente y prioritaria en la lucha contra la discriminación de los roma.

Desde Amnistía Internacional seguiremos trabajando por el caso.

¡Gracias a todas las personas que apoyaron esta acción!

Petición original:

“Éramos sólo mi familia y yo: siete hijos, mi marido y yo. No me gustó, pero es mejor que quedarnos en la calle.”
Erzsébet Fodor, enero de 2009

Unas 75 personas de etnia gitana, también conocida como romaní, viven desde 2004 junto a una planta de tratamiento de aguas residuales en Rumanía. Las autoridades las trasladaron allí temporalmente procedentes de un edificio en ruinas en la localidad de Miercurea Ciuc.

Un cartel reza: "Peligro de toxicidad”. Un desagradable olor a excrementos humanos impregna el aire. En invierno, la temperatura puede llegar a 15 grados bajo cero y durante la temporada de lluvias se inundan las casetas y barracones metálicos donde viven.

El 75 por ciento de los 2,2 millones de romaníes que hay en Rumania, vive en la pobreza. Sus índices de salud y sus condiciones de vida están entre los peores del país. Son víctimas de constantes desalojos forzosos. Se los ha realojado junto a vertederos o zonas industriales a las afueras de la ciudad. Pierden sus hogares, sus posesiones, sus redes sociales y el acceso al trabajo y a servicios públicos.

Los desalojos forzosos son ilegales. Las 75 personas que aceptaron el alojamiento "provisional" junto a la planta de aguas residuales siguen a la espera.

La Presidencia española de la UE debe pedir a Rumania que ponga fin a esta situación y que ofrezca una vivienda adecuada a estas familias.