Sección Española
- Fotografía aérea del pueblo de Abu Sourouj (Darfur oeste), atacado por el ejército sudanés y las milicias yanyawid. © Landsey Addario, febrero de 2008.
"Las ONG nos dan agua y comida; no pueden darnos seguridad."
Persona desplazada alojada en el campo de Mershing
La situación en Darfur está siendo investigada por la Corte Penal Internacional (CPI) a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. El CPI ya ha emitido una orden de arresto contra el presidente del país, Omar al Bashir, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; un hecho sin precedentes en la historia del conflicto que asola la región de Darfur.
Se cree que más de 90.000 personas han perdido la vida como consecuencia directa del conflicto que se libra en la región desde 2003. Se calcula que unas 300.000 personas han muerto por causas relacionadas con el conflicto y más de 2,4 millones han quedado desplazadas internamente.
Las milicias yanyawid, armadas por el Gobierno sudanés, han operado en la zona con casi total impunidad, masacrando a la población civil. También los grupos armados opuestos al Gobierno han cometido graves abusos. Por ambos motivos, la población sigue pagando un precio demasiado alto.
Amnistía Internacional ha documentado que dos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China y Rusia, han proporcionado armamento al ejército de Sudán para operaciones militares en Darfur, saltándose el embargo de armas decretado por la ONU. La comunidad internacional ha prometido mucho, pero no ha hecho casi nada para defender a los millones de víctimas del conflicto.
Durante años, las personas desplazadas han pedido la protección de una fuerza de la ONU, que garantice el regreso seguro, voluntario y sostenible de la población desplazada a sus hogares, asegurando protección durante el camino de regreso y una presencia visible y duradera de las fuerzas de seguridad tras el retorno. Por fin, tres años después de la aprobación de una resolución sobre Darfur por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, éste estableció una fuerza híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas (UNAMID) para mantener la paz, integrada por más de 26.000 personas, y el Gobierno sudanés autorizó su entrada en el país.
Sin embargo, la fuerza no cuenta con suficientes equipos militares y recursos humanos para proteger eficazmente a los civiles. Amnistía Internacional reclama tanto al Consejo de Seguridad como al Gobierno sudanés el deber que tienen de contribuir a garantizar que esta misión de la ONU proteja de manera efectiva a la población civil de Darfur.