Por los derechos humanos en todo el mundo

En algunos casos, las fuerzas de seguridad han hecho un uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones en contra del Gobierno.
 
Esta situación pone de manifiesto la falta de medidas de las autoridades para implementar una recomendación clave de la Comisión de Equidad y Reconciliación. Establecida en 2004 para examinar las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999, esta comisión había pedido en 2006 una mejora de la regulación de los órganos de seguridad del Estado.

Hechos como los atentados de Casablanca de 2003 han conducido en los últimos años a reformas legislativas que, en algunos casos, han supuesto un retroceso en materia de derechos y libertades.
 
En el caso de la tortura y los malos tratos, la Ley 43/04 supuso un avance al definir la tortura como un delito penal, pero la Ley 03/03 de lucha contra el terrorismo ampliaba hasta 12 días el periodo máximo de detención sin cargos ni validación judicial, durante el cual pueden producirse torturas y malos tratos.
 
Las denuncias de torturas y malos tratos, especialmente de activistas saharauis y de presuntos “terroristas”, son frecuentes aunque hayan decrecido desde 2005. A Amnistía Internacional le preocupa que las numerosas denuncias no sean investigadas.
 
La vaga definición de “terrorismo” existente en la ley abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y dificulta que jueces, juristas y público en general determinen qué actos deben ser calificados de “terrorismo”.

En los últimos años, millares de personas sospechosas de ser migrantes irregulares (procedentes en su mayoría del África subsahariana) han sido detenidas y expulsadas colectivamente, en la mayoría de los casos sin tener en cuenta su necesidad de protección ni el derecho que les reconocía la legislación marroquí a impugnar la decisión de expulsarlas o a examinar las razones por las que se había tomado.
 
Algunas de las personas expulsadas eran refugiados o solicitantes de asilo y, de acuerdo con el derecho internacional, no podían ser devueltas por la fuerza a países donde su seguridad estuviera en riesgo. Algunos migrantes han sido objeto de fuerza excesiva y otros malos tratos en el momento de su detención, durante su reclusión o al ser expulsados, y, en algunos casos, han sido abandonados en la frontera con Argelia o Mauritania sin alimentos ni agua suficientes.