Por los derechos humanos en todo el mundo

Cada año, algunas decenas de civiles son víctimas de homicidio como consecuencia de la continuación de la violencia política, principalmente en atentados con explosivos cometidos por grupos armados como la organización Al Qaeda en el Magreb Islámico.
 
Decenas de presuntos miembros de grupos armados han muerto en escaramuzas y operaciones de búsqueda de las fuerzas de seguridad.
 
En los últimos años, las autoridades, en especial el órgano de inteligencia militar conocido como Departamento de Información y Seguridad (DRS), han recluido a presuntos terroristas en régimen de incomunicación, situación en la que quedan expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos. Entre los detenidos hay varios ciudadanos argelinos devueltos desde Estados europeos o bien desde la base naval estadounidense de Guantánamo.
 
Las personas sospechosas de actividades subversivas o terroristas son frecuentemente juzgadas en procesos que no cumplen el derecho internacional sobre juicios justos. En algunos casos, se deniega a los acusados el acceso a abogados durante su detención preventiva; en otros, los tribunales han aceptado como prueba, sin realizar ninguna investigación, «confesiones» que los acusados afirmaron haber hecho bajo tortura o coacción.
 
En 2008, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades a que garantizaran que ninguna persona permaneciera recluida una vez cumplido el plazo máximo de detención preventiva, investigaran los informes sobre centros secretos de detención y pusieran todos los centros de detención del DRS bajo el control de la administración penitenciaria civil y las autoridades judiciales.

El Gobierno no ha tomado medidas significativas para abordar los graves y generalizados abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados y por las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto interno de la década de 1990, en el que se cree que unas 200.000 personas fueron víctimas de homicidio.
 
En 2008, el Comité de la ONU contra la Tortura instó al Gobierno a reformar el decreto de Implementación de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Ley 06-01) de 2006, que concedía impunidad a las fuerzas de seguridad y permitía el castigo de las víctimas y sus familiares, los defensores de los derechos humanos y otras personas que criticaran la conducta de las fuerzas de seguridad durante el conflicto interno.
 
Las autoridades no han investigado aún la suerte de millares de personas sometidas a desaparición forzada. Según la Ley 06-01, los familiares de los desaparecidos pueden solicitar una indemnización si presentan un certificado oficial de defunción de éstos. Algunas familias han denunciado haber sido presionadas para que solicitaran el certificado.
 
Las familias de víctimas que piden verdad y justicia han sido frecuentemente víctimas de hostigamiento.

Algunos periodistas y defensores de derechos humanos sufren hostigamiento y han sido procesados, acusados de difamación y otros delitos, por criticar a instituciones o cargos públicos.

La Constitución establece el Islam como religión oficial del Estado, pero garantiza la libertad de conciencia. En 2008, las autoridades ordenaron el cierre de decenas de templos de la Iglesia protestante de Argelia. Al menos 12 personas cristianas o que habían abjurado del Islam para convertirse al cristianismo fueron procesadas por infringir la Ley 06-03, promulgada en febrero de 2006 para regular otras religiones aparte del Islam. Se impusieron condenas de prisión condicional y multas a algunas de las personas procesadas.

En su informe de 2008, la Relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer elogió los avances realizados en Argelia con respecto a los derechos de las mujeres, pero criticó que las autoridades no hubieran abordado adecuadamente la violencia y la discriminación contra ellas. La relatora instó a las autoridades a investigar la violencia sexual durante el conflicto interno, a indemnizar a las supervivientes y poner a los responsables a disposición judicial.
 
Según la policía judicial, se recibieron 4.500 denuncias de violencia y acoso a mujeres entre enero y junio de 2008, aunque la organización creyó que la cifra real iba a ser mucho más alta.