Por los derechos humanos en todo el mundo

Las graves violaciones de derechos humanos en México ponen de manifiesto que, hasta el momento, los compromisos asumidos por el Gobierno mexicano de aplicar los tratados y normas internacionales en este ámbito no se están cumpliendo. La impunidad por violaciones de derechos humanos sigue siendo un problema endémico y el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en el país continúa vetado para numerosos sectores de la población.

En los últimos años ha habido varios casos de homicidios ilegítimos, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias perpetrados por agentes de la policía municipal, estatal y federal. A pesar de la aprobación de reformas constitucionales sobre la seguridad pública y la justicia penal en el país, algunas de las cuales deberían servir para la protección de los derechos de las personas detenidas, en la práctica se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos.  Además, el número de abusos a manos de agentes de seguridad ha aumentado durante las operaciones emprendidas para combatir a las bandas criminales violentas.

Activistas políticos y sociales, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos son de los colectivos más afectados por la falta de acceso efectivo a la justicia, e incluso hay casos de presos de conciencia. Las comunidades indígenas o que sufren cualquier otro tipo de marginación son a menudo víctimas de acoso por oponerse a proyectos de desarrollo que afectan a sus medios de vida, mientras que los y las migrantes irregulares que atraviesan México son sometidos a malos tratos por agentes del Estado, y a violencia sexual y de otro tipo por bandas criminales.

Las desapariciones, homicidios, agresiones sexuales y otros abusos graves contra las mujeres no son debidamente prevenidos ni sancionados mediante investigaciones imparciales y efectivas, ni se da una adecuada atención a las mujeres que denuncian actos de violencia. Pese a los avances en la legislación para proteger a las mujeres frente a la violencia, su aplicación sigue siendo tenue. En el caso de la violencia familiar, las mujeres se enfrentan a numerosos obstáculos para acceder a la seguridad y la justicia, ya que las autoridades mexicanas a nivel federal, estatal y municipal no siempre reconocen que la violencia en el ámbito familiar es una violación de los derechos humanos y no sólo una cuestión privada.