En México, a pesar de los avances, aún existe un abismo entre la ley y la realidad diaria de quienes necesitan su protección.

Como muestra el informe “Injusticia e impunidad: Deficiencias en el sistema de justicia penal mexicano”, en todo México se ha detenido a decenas de personas sobre la base de pruebas defectuosas o inexistentes y se les ha negado los derechos fundamentales. Esto es especialmente grave en casos de violencia contra las mujeres, miembros de comunidades indígenas y personas desfavorecidas.

Actualmente, se está debatiendo en el Senado una reforma constitucional en materia de justicia penal, lo cual supone una oportunidad histórica para mejorar la situación. No obstante, la citada reforma presenta avances y retrocesos en materia de derechos humanos. Entre los aspectos positivos de esta reforma, Amnistía Internacional destaca el reconocimiento de la presunción de inocencia, de la igualdad procesal entre las partes y de la inadmisibilidad de pruebas obtenidas mediante violación de derechos fundamentales.

Sin embargo, las reformas todavía incluyen varios artículos que no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Las principales preocupaciones de Amnistía Internacional sobre esta reforma son: la amplia definición de delincuencia organizada, utilizada hasta ahora de forma indebida para detener y procesar personas sin todas las garantías necesarias, y la incorporación de la figura del arraigo, que es una forma de detención preventiva de hasta 80 días antes de la presentación de pruebas o cargos.

Es esencial conseguir que en México se haga justicia en todos los casos, y que se garantice el acceso a ella en términos de igualdad y sin discriminación.