El gobierno mexicano ha mostrado recientemente un alto grado de compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos. Hasta el momento, México ha firmado y ratificado la mayoría de los instrumentos de derechos humanos regionales e internacionales, y el gobierno ha cursado una invitación abierta a los organismos regionales e internacionales de derechos humanos y a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

Sin embargo a pesar de que en los últimos años se han producido algunas mejoras en los sistemas de seguridad pública y justicia penal, aún queda mucho por hacer. Aún existe un abismo entre los principios legales y la realidad diaria de quienes entran en contacto con la ley y necesitan su protección, ya sea en el ámbito federal o en el estatal.

Continuan los informes de tortura, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en el ámbito estatal. La violencia contra las mujeres sigue siendo endémica en muchos estados, y continua la campaña para obtener justicia para las mujeres de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. En algunos estados, defensores y defensoras de los derechos humanos y oponentes políticos siguen corriendo peligro de sufrir hostigamiento o procesamientos penales infundados. Los pueblos indígenas de varios estados siguen sufriendo discriminación, entre otras cosas en el acceso a servicios básicos, como la atención de la salud y la educación.