
El 1 de abril de 2011, el juez Richard Goldstone publicó un artículo de opinión en el diario The Washington Post sobre la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza de 2008-2009, integrada por él y otros tres eminentes juristas internacionales.
En este artículo, firmado a título personal, el juez Goldstone señalaba el contraste entre las investigaciones realizadas por el ejército israelí sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas israelíes y el hecho de que el Gobierno de facto de Hamás no haya investigado los abusos cometidos por los grupos armados palestinos en Gaza. También comentaba que, según las investigaciones del ejército israelí, las fuerzas israelíes “no dirigieron sus ataques intencionadamente como medida política” contra la población civil de Gaza. El artículo está disponible aquí.
Si bien los comentarios del juez Goldstone ponen en duda una de las conclusiones de la Misión de Investigación de la ONU –que Israel dirigió ciertos ataques intencionadamente contra civiles durante la operación Plomo Fundido–, en absoluto se puede considerar que este artículo constituya una retractación de todo el informe. Ninguno de los otros tres miembros de la Misión ha formulado comentarios públicos que pongan en duda las conclusiones del informe.
Varios miembros del Gobierno israelí, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, han aprovechado estas declaraciones para pedir la retirada de la totalidad del informe de la Misión de Investigación de la ONU. En opinión de Amnistía Internacional, esta petición constituye un cínico intento de eludir la obligación de rendir cuentas por crímenes de guerra y niegan a las víctimas del conflicto, tanto a las palestinas como a las israelíes, la justicia y las reparaciones que merecen. La comunidad internacional debe rechazar con firmeza este intento y actuar de forma decidida en pro de la justicia internacional.
Tal y como ha explicado un portavoz del Consejo de Derechos Humanos, los comentarios formulados en un artículo de opinión no constituyen una base jurídica suficiente para anular un informe de la ONU que ha sido debatido y aprobado por el Consejo de Derechos Humanos y por la Asamblea General.
La Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza examinó las violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos cometidas por todas las partes durante el conflicto de 2008-2009. Entre otras cosas, concluyó que tanto las fuerzas israelíes como los grupos armados palestinos cometieron graves violaciones del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra y probablemente crímenes contra la humanidad.
Amnistía Internacional, la Misión de Investigación y otras organizaciones documentaron graves violaciones de derechos humanos cometidas en gran número por las fuerzas israelíes, incluidos crímenes de guerra, durante el conflicto. Entre ellas se cuentan ataques indiscriminados y el uso de armas como fósforo blanco en áreas civiles; la destrucción gratuita de propiedades e infraestructuras civiles; ataques contra instalaciones de la ONU, instalaciones y personal médicos, y el uso de civiles palestinos como “escudos humanos”. Aunque las autoridades israelíes han investigado algunos de estos incidentes, todas las investigaciones han corrido a cargo de militares israelíes y han sido supervisadas por la Procuraduría General Militar, el mismo organismo responsable de proporcionar asesoramiento jurídico a las Fuerzas de Defensa de Israel durante la Operación Plomo Fundido.
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