En este nuevo informe, la organización describe el devastador impacto que han tenido los ataques y homicidios sectarios perpetrados por grupos armados, la tortura y los malos tratos infligidos por las fuerzas gubernamentales iraquíes, y la prolongada detención de miles de sospechosos a manos de fuerzas estadounidenses e iraquíes.

Desde que en agosto de 2004 se reinstauró la pena capital en Irak, se ha condenado a muerte a más de 270 personas y, según informes, se ha ejecutado al menos a un centenar. En 2006 fueron ejecutadas como mínimo 65 personas, entre ellas al menos dos mujeres.

Casi tres años después de que Estados Unidos y las fuerzas aliadas invadieran Irak y derrocaran al gobierno de Sadam Husein, la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo muy grave.

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Este informe analiza la relación entre las leyes nacionales iraquíes y el derecho internacional, y recomienda que la nueva Constitución haga referencia explícita al derecho internacional como una de las fuentes de la legislación nacional.

Este informe se ocupa de los abusos cometidos por los grupos armados en Irak en el periodo comprendido entre abril de 2003 y mayo de 2005.