Por los derechos humanos en todo el mundo

El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha reconocido públicamente sin reparos que él personalmente autorizó "técnicas de interrogatorio mejoradas", como el water boarding o simulacro de ahogamiento, que claramente constituyen tortura. Otros altos cargos de su gobierno también han admitido su implicación.

La CIA ha confirmado que al menos 98 de los llamados detenidos de “alto valor” fueron recluidos en su programa de detenciones secretas entre 2002 y 2007. Todos ellos fueron víctimas de detención ilegal prolongada sin cargos ni juicio, desaparición forzada y tortura. Además, al margen del programa de la CIA, otros muchos detenidos han sido sometidos a un trato similar en lugares como Afganistán y Guantánamo.

Aunque tanto el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como el Fiscal General del Estado, Eric Holder, han reconocido que técnicas de interrogatorio como el “water boarding” son tortura, hasta ahora siguen impunes los actos de tortura cometidos en el pasado.

Como señala el informe de Amnistía Internacional Estados Unidos: Mirar para otro lado, la actual administración está obligada bajo el derecho internacional a investigar todos los casos en los que haya sospecha de desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y llevar a los responsables ante la justicia.

La constante repetición, por parte de altos cargos y ex altos cargos, del mantra de que el uso que Estados Unidos hizo de la detención secreta y la tortura “salvó vidas” ha resultado efectivo para reducir la indignación y las acciones de la opinión pública y las instituciones políticas estadounidenses pero, sea o no cierta esa afirmación, la comunidad mundial –incluido Estados Unidos– ha rechazado expresa y formalmente semejante racionalización de estos delitos de derecho internacional. Ya sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra o amenaza de guerra, en condiciones normales o bajo estado de emergencia, la desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos están absolutamente prohibidos. El hecho de si estos métodos son efectivos o no para obtener información útil es completamente irrelevante ya que son ilegales.

Aunque algunos jueces, abogados y fiscales han hallado pruebas o han tenido conocimiento de indicios de violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, hasta ahora no ha habido investigaciones en profundidad.

Si Estados Unidos sigue sin dedicar la persistencia y los esfuerzos necesarios a la cuestión de su propia rendición de cuentas por los delitos de derecho internacional cometidos por personal estadounidense en nombre de la lucha contra el terrorismo, habrá que buscar respuestas internacionales.