

Si bien se acepta de forma general que los países tienen el derecho de regular la entrada y permanencia de personas extranjeras en su territorio, sólo pueden hacerlo dentro de los límites de sus obligaciones de derechos humanos. El gobierno de EE.UU. tiene la obligación bajo la ley internacional de derechos humanos de garantizar que sus leyes, políticas y prácticas no coloquen a las personas inmigrantes frente a un mayor riesgo de violaciones de los derechos humanos.

Con motivo del décimo aniversario, Amnistía Internacional publica el informe Guantanamo: A Decade of Damage to Human Rights donde se pone de relieve el trato ilegítimo que se está infligiendo a los detenidos de Guantánamo. (Texto disponible solo en inglés).
Guantanamo_10_Report.pdf 668 K

En Estados Unidos de América (EE. UU.), una persona menor de 18 años no puede votar, formar parte de un jurado ni comprar bebidas alcohólicas, billetes de lotería o cigarrillos; tampoco puede ostentar un cargo público ni prestar su consentimiento en la mayoría de los tratamientos médicos. Y, con todo, en Estados Unidos una persona menor de edad puede ser condenada a morir en prisión por sus acciones.
En este informe, publicado con motivo del 35 aniversario del fallo fallo del Tribunal Supremo en el caso de Gregg contra Georgia, de 2 de julio de 1976, relacionado con el método ejecución con inyección, Amnistía Internacional ofrece algunas reflexiones sobre la pena de muerte en los EEUU. (Texto disponible solo en inglés).

Durante casi cuatro décadas Albert Woodfox, de 64 años de edad, y Herman Wallace de 69 años de edad, han sido recluidos en régimen de aislamiento, principalmente en la Penitenciaría del Estado de Louisiana (prisión conocida como Angola). Se les ha negado cualquier revisión significativa de las razones de su aislamiento.
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