

Para Amnistía Internacional la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Congreso de los Diputados en 2007 está alejada del derecho internacional y, por tanto, no salda realmente la deuda pendiente del Estado con todas las víctimas que padecieron graves violaciones de derechos humanos y nunca obtuvieron verdad, justicia ni reparación.
Durante la Guerra Civil y el franquismo fueron muchas las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohibía y condenaba, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil, persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad.
Ni el paso del tiempo ni actos políticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas; la responsabilidad de los autores de estos crímenes no prescribe nunca.
Amnistía Internacional trabaja para que las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil puedan acceder a su derecho a saber, a obtener justicia y a ser reparadas, tal como establecen las normas internacionales de derechos humanos.
En mayo de 2012, Amnistía Internacional publicó el informe "Casos cerrados, heridas abiertas", en el que documenta la indefensión de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Ante la paralización de las investigaciones en España, la organización ha pedido a la justicia Argentina –donde se trata la única causa abierta sobre estos crímenes en aplicación de la jurisdicción universal–, que continúe investigando, a la vez que le sigue reclamando al Gobierno de España que cumpla con su obligación de proporcionar verdad, justicia y reparación a las personas afectadas.
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