Amnistía Internacional analiza y evalúa de forma periódica la política exterior del Gobierno español desde el punto de vista de los derechos humanos.

La organización considera imprescindible que la defensa y la promoción de los derechos humanos constituyan una prioridad de las relaciones internacionales de los Estados. Los gobiernos no pueden supeditar los derechos humanos a otros intereses en sus relaciones con países donde se vulneran los derechos y libertades fundamentales.

El último informe sobre la política exterior española, titulado ¿Hasta dónde llega el compromiso con los derechos humanos en el exterior?, analiza el periodo comprendido entre enero de 2006 y octubre de 2007.

En este último informe, AI denuncia que el Gobierno español margina los derechos humanos en sus relaciones con países como Rusia, China, Estados Unidos y Colombia, primando intereses políticos, estratégicos y económicos, e incluso, en algunos casos, además presta apoyo político a acciones que puedan acabar en vulneraciones de derechos humanos.

Como hecho positivo de la política exterior española en los dos últimos años, la organización valora favorablemente el apoyo del Ejecutivo a la defensa de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas, que ha quedado plasmado por ejemplo, en el aumento de la contribución española a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, convirtiéndose en el cuarto país donante.

Se trata del sexto informe sobre esta materia. Los anteriores son:

• IAPE 2004-2005. ¿Una política de gestos?
• IAPE 2002-2003. Menos derechos y más inseguridad en nombre de la <<guerra contra el terrorismo>>.  
• IAPE 2001. La balanza española: suben los intereses económicos, bajan los derechos humanos. 
• IAPE 2000. Evaluación de 1999. Recomendaciones para 2000.
• IAPE 1999. ¿Hay lugar para los derechos humanos en la política exterior del Gobierno español?