España (21-04-07)

Vitoria acoge la XXXIII Asamblea General de Amnistía Internacional en España

Aumenta el activismo como respuesta de la ciudadanía frente a los abusos

Vitoria- Unas 200 personas, representando a los más de 40.000 socios de la Sección Española de Amnistía Internacional (AI), se reúnen en Vitoria los días 21 y 22 de abril para participar en la XXXIII Asamblea General de la organización. Durante dos días los miembros de la organización abordarán las prioridades de derechos humanos de la Sección española para el próximo año. AI lanza un mensaje de alerta sobre el riesgo que corren los derechos humanos de convertirse en “papel mojado”. “La falta de compromiso que manifiestan los líderes mundiales con los Derechos Humanos socava las posibilidades de millones de personas de tener una vida digna” afirma Delia Padrón, presidenta de AI en España.

“Hemos asistido en los últimos años al debilitamiento del sistema de Derechos Humanos que tanto trabajo costó crear desde que en 1948 se promulgó la Declaración Universal. La organización afronta los grandes retos con los que nos encontramos hoy en día: una “guerra sucia” contra el terrorismo que vende la ilusión de la seguridad a costa de derechos y libertades básicos; un desequilibrio integral de poder que en todo el mundo relega a las mujeres al papel de ciudadanas de segunda clase y alimenta la violencia que se ejerce contra ellas; y un comercio descontrolado de las armas que causa en el mundo cada minuto la muerte de una persona”, dice Padrón.

AI también destaca la falta de avances en derechos humanos en política interior en España, como lo demuestra el Proyecto de Ley sobre “derechos de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil” que ignora los derechos de las víctimas a la verdad la justicia y la reparación, la ausencia de un marco de derechos humanos en la situación en el País Vasco o la falta de una política de inmigración comprometida con las normas internacionales.

El activismo, una barrera humana contra los abusos

Para hacer frente a esta situación, AI ha puesto en marcha un Plan de trabajo en 2007 en el que destaca el equilibrio entre las prioridades trabajo en defensa de los derechos humanos a nivel internacional y en España, la intención de crecer en activistas jóvenes y en grupos universitarios, y de ampliar una base social que aporte más presión y fuerza a las demandas de la organización. La organización ha crecido en número de activistas y personas comprometidas con los derechos humanos en el último año. En el plano internacional, la organización cuenta con más de 2.200.000 miembros, de los cuales 43.000 pertenecen a España y alrededor de 1.700 participan también como voluntarios en los casi 100 Grupos que la organización tiene en todo el Estado.

Además, más de 60.000 personas forman parte de la Red de Acciones Urgentes en España. Cuando Amnistía Internacional tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, estas personas aúnan su capacidad de presión enviando cartas, faxes y mensajes de correo electrónico lo más rápidamente posible al país de que se trate.

Internet continúa siendo también una gran herramienta de movilización. En el último año la Sección Española ha recogido más de un millón de firmas a través de www.actuaconamnistia.org . Destacan las movilizaciones en las acciones para evitar la ejecución inminente de un menor en Irán, frenar la lapidación de siete mujeres en este mismo país o las que piden el cierre de Guantánamo al presidente de Estados Unidos, George Bush.

Prioridades Internacionales
La tortura, práctica prohibida desde hacía tiempo por la comunidad internacional, es casi una política de estado en algunos países. Los vuelos secretos de la CIA y Guantánamo aparecen como los grandes exponentes de esta situación.

Algunos gobiernos han incrementado el recorte de libertades civiles como, por ejemplo, la libertad de expresión. Internet está sirviendo, con la complicidad de algunas multinacionales y con la excusa de la “seguridad”, para controlar y censurar la información. En China, cientos de sitios web internacionales continúan bloqueados y miles de sitios web chinos han sido cerrados.

Los gastos militares han crecido de forma alarmante en los últimos años en detrimento de la erradicación de la pobreza y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 2006, el gasto militar global anual fue 15 veces superior al gasto en ayuda humanitaria. Millones de personas continúan sin acceso a alimentos, agua potable, vivienda, educación o medicinas mientras las prioridades de los gobiernos miran hacia otro lado.

A pesar de que ha habido una reducción en el número de conflictos armados, la población civil es la principal afectada. Sólo en Sudán, más de 200.000 personas han muerto a causa del conflicto, que dura ya más de tres años. En Israel, Líbano y los Territorios Ocupados continúa la espiral de abusos y violaciones del derecho humanitario internacional. Y Colombia vive una crisis de derechos humanos permanente desde hace 40 años, en un conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares contra los grupos guerrilleros, donde la mayoría de las víctimas son civiles.

La violencia contra las mujeres cometida en el ámbito familiar es la más habitual y la más impune. Mujeres de todos los países, de todas las religiones, culturas y condición social sufren violencia a manos de sus parejas o ex parejas. En Francia, una mujer muere cada cuatro días por las palizas de su compañero. En Guatemala, más de 2.200 mujeres han sido asesinadas brutalmente desde 2001. Amnistía Internacional ha denunciado la existencia de leyes discriminatorias contra las mujeres en al menos 36 países, y la existencia de numerosos casos en todo el mundo de violencia sexual contra mujeres a manos de agentes del Estado.

La campaña “Armas Bajo Control” consiguió un importante éxito en octubre, cuando una mayoría de países apoyó en Naciones Unidas la elaboración de un Tratado global de Comercio de Armas. El comercio internacional de armas continúa siendo una actividad de la que no se rinden cuentas, por lo que la mayor parte de las transferencias son secretas.

Prioridades en Política Interior
Tras el atentado con bomba en el aeropuerto de Barajas de Madrid, Amnistía Internacional declaró que este atentado reafirma la amenaza a los derechos humanos de muchas personas que viven en el País Vasco y en el resto del Estado español. Este atentado quebró además la esperanza de millones de personas en el llamado "proceso de paz". Para Amnistía Internacional, esta acción de ETA demostró que los derechos humanos no han tenido ningún valor en este proceso. Los derechos humanos no son negociables, haya o no haya proceso de paz. Los derechos humanos son de todos, y también han de ser respetados por todos.

El proyecto de Ley sobre “derechos de las víctimas del franquismo y la Guerra civil” presentado por el Gobierno español para su debate en el Congreso debería, como indica su exposición de motivos,  “reconocer y ampliar los derechos de las víctimas”, negados durante décadas. Sin embargo, los obstáculos a la verdad y a la justicia, así como la omisión de garantías para que las víctimas cuenten con recursos eficaces y obtengan reparaciones, sitúan al Gobierno español muy por detrás de las tendencias mundiales en cuanto al respeto de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional. Este proyecto de ley, de aprobarse tal y como está, corre el riesgo de convertirse en un peligroso antecedente para otros países que se enfrenten a procesos similares.

Armas españolas y productos y tecnologías de doble uso continúan llegando a países en conflicto armado, con tensiones regionales o en los que existen graves y reiteradas violaciones de los derechos humanos, como China, Israel, Colombia, Marruecos o Indonesia. La preocupación por el hecho de que se vendan armas a estos países es aún mayor por la falta de información sobre el tipo de producto exportado, la naturaleza del usuario final y sobre los criterios valorados a la hora de aprobar esas exportaciones.

Para impedir que las armas españolas lleguen a estos y otros destinos equivocados es imprescindible que se apruebe una ley que asegure la mayor transparencia y control de las trasferencias de armas posible. El actual Proyecto de Ley es un “colador” que no evita estas situaciones.

El Gobierno español y los de otros países europeos siguen anteponiendo la protección de las fronteras a los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y demandantes de asilo. España y otros Estados han detenido ilegalmente a solicitantes de asilo y han llevado a cabo expulsiones sin el debido proceso, en algunos casos a países donde las personas que habían solicitado protección corrían peligro de sufrir nuevas violaciones de derechos humanos. Por su vulnerabilidad, en España destacan las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, que no obtienen la protección adecuada. Y destaca negativamente también el trato a las personas migrantes en Canarias y Andalucía, que no cumple con la legislación internacional.

A pesar de este panorama, el último año también ha registrado importantes logros en la lucha por la defensa y la promoción de los derechos humanos en el mundo y en España:

Avances a nivel internacional
La decisión del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) de solicitar la comparecencia de dos presuntos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur es un paso pequeño pero fundamental para lograr justicia para los millones de víctimas de estos crímenes en Sudán.

Los menores soldados están más presentes en las agendas políticas. Existe un amplio consenso sobre los 18 años como la edad mínima de reclutamiento y participación en conflictos armados. También ha habido avances en la lucha contra la impunidad. El Tribunal Especial para Sierra Leona ha llevado a juicio a Charles Taylor como criminal de guerra por el reclutamiento de menores, y el TPI ha dictado órdenes de arresto contra diferentes líderes del Ejército de Resistencia del Señor, de Uganda, y ha confirmado los cargos contra Thomas Lubanga Dyilo en la República Democrática de Congo, por el mismo motivo.

Amnistía Internacional sigue sumando resultados contra la pena de muerte. Con la incorporación de Filipinas, México y Liberia, ya son 87 los países libres de la pena capital. La organización trabajará para impulsar una moratoria internacional que consiga una resolución de Naciones Unidas para acabar con este castigo inhumano, cruel y degradante.

Empieza a conocerse la verdad de los vuelos secretos de la CIA en el contexto de “la guerra contra el terror”. El presidente de Estados Unidos, George Bush, reconoció el pasado septiembre la existencia de una red de centros secretos de detención, donde se ha hecho desaparecer a un número indeterminado de personas, secuestradas en diferentes países y trasladados en vuelos secretos de la CIA. En el ámbito europeo, es necesario que la Unión Europea y los gobiernos de Europa hagan todo lo posible para que los responsables de violaciones de derechos humanos en el contexto de las entregas extraordinarias respondan de sus actos.

Avances a nivel nacional
La organización publicó un informe recogiendo los avances y las deficiencias, tanto de ámbito estatal como autonómico, de la respuesta a la violencia contra las mujeres en el ámbito sanitario. Semanas después el Gobierno aprobó un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la violencia de género que incluye avances en sintonía con las recomendaciones de AI.

España ha ratificado el Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura, tras un intenso trabajo de la organización, que además fue invitada junto con representantes del gobierno y otras instituciones a una jornada para discutir la puesta en práctica de este Protocolo.

La Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres publicada en marzo pasado y que ya está en vigor incluye en su texto una disposición para modificar la Ley de Asilo vigente, de 1984, de modo que se establece la posibilidad de obtener protección para las mujeres extranjeras que huyen de sus países de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género, una reclamación prioritaria de AI.

La organización lleva denunciando durante los últimos años la impunidad de facto de las Fuerzas de Seguridad cuando cometen violaciones de derechos humanos. Ha pedido de forma reiterada la instalación de cámaras y grabadoras para proteger los derechos de la persona detenida y para evitar falsas acusaciones contra los agentes encargados de hacer cumplir la ley. El reciente uso de circuitos cerrados de televisión en Cataluña es un primer paso en esta línea.

Y por último, el pleno del congreso ha aprobado la Ley Orgánica de Educación (LOE), en la que se incluye el Área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en la Enseñanza Primaria y Secundaria. Esto supone un avance más en la lucha y defensa de los Derechos Humanos, en una cuestión tan importante como es la educación.

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Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex.