Por los derechos humanos en todo el mundo

El informe de Amnistía Internacional “Si vuelvo, ¡me mato!, menores en centros de protección terapéuticos”, lanzado en diciembre de 2009, puso en evidencia las violaciones de derechos humanos sufridas por los y las “menores con trastornos de conducta o en situación de dificultad social” internados en los centros de protección terapéuticos españoles. Estos niños y niñas son ingresados cuando están en situación de riesgo, dificultad social y desamparo, o cuando los padres reclaman la asunción de la tutela administrativa para que sus hijos reciban un tratamiento adecuado.

El estudio, que fue realizado en las tres Comunidades Autónomas que concentran el 55% de los centros de España (Andalucía, Cataluña y Madrid), puso de manifiesto que el sistema de protección de menores no responde a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En algunos centros de protección terapéuticos se han llegado a producir ataques a la intimidad, regímenes disciplinarios, castigos corporales, aislamiento forzado, abusos sexuales, contenciones físicas abusivas, contenciones farmacológicas y otras violaciones de derechos humanos. No menos preocupante es la invisibilidad y la impunidad en la que se pierden muchos de estos abusos, al no haber vías rápidas y sencillas que permitan a los menores denunciar y acceder a investigaciones pertinentes e imparciales. La organización también denuncia la situación de las niñas internadas en estos centros y la deficiente atención e información que se presta sobre su salud sexual y reproductiva.


Actualización del informe
Nueve meses después de la publicación del informe y coincidiendo con el examen de España ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, Amnistía Internacional ha hecho pública su actualización (Si vuelvo, ¡me mato! II) para denunciar que los derechos de los menores ingresados en los centros de protección terapéuticos siguen sin garantizarse. La organización ha vuelto a incidir en la falta de información, de datos actualizados y públicos -los últimos son del 2006-; e indicadores comparables en todo el Estado sobre la situación de los menores ingresados e insiste en que la protección jurídica de sus derechos humanos sigue estando en peligro al no existir normas mínimas comunes compatibles con el interés superior de los menores y que puedan ser exigibles en todo el territorio estatal.

Amnistía Internacional considera que el Gobierno español y los Gobiernos autonómicos deben proteger a los menores en los centros de protección terapéuticos desde un enfoque basado en los derechos humanos, facilitando, para ello, el ejercicio, goce y disfrute del derecho a la salud, así como de sus otros derechos y libertades.