Por los derechos humanos en todo el mundo

Derechos a la intemperie. 2011
En este audiovisual se presentan tres casos en los que se reflejan como el derecho a una vivienda digna o el derecho a la salud no se protegen por parte del Estado español

La cañada cuenta la situación de Cañada Real Galiana en Madrid, un asentamiento ilegal en el que entre 25.000 y 40.000 personas, con casas construidas desde hace 30 años con el consentimiento de las administraciones, están viendo como sus hogares son destruidos sin ninguna alternativa.

Futuro hipotecado aborda la situación de las familias que sufren ejecuciones hipotecarias. Al no poder pagar sus casas, éstas son subastadas por el 50% de su valor inicial, lo que les obliga a seguir pagando una deuda millonaria al banco de por vida. 

Recursos contra el sufrimiento muestra cómo en España los recursos para atender a personas con enfermedad mental son muy escasos, lo que puede provocar atención insuficiente, diagnósticos equivocados y en muchos casos la exclusión de estas personas. 

Todos los derechos humanos requieren la protección del Estado. Esto significa que cuando se vulneran, las víctimas deberían poder reclamarlos, incluso ante la justicia.  Algo que hoy, en España, muchas veces no ocurre.

En nuestro país, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como la salud y la vivienda, no están protegidos igual que otros. Pueden violarse con impunidad. Están a la intemperie. Y sin embargo, son derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el derecho a la libertad de expresión o a un juicio justo.

Un ejemplo: todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada. Sin embargo, este derecho se vulnera cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías. En la Cañada Real Galiana, en Madrid, en el Distrito de Sant Martí de Barcelona, en el barrio del Cabanyal de Valencia... por todo el territorio del Estado hay familias que pierden su hogar, sus raíces, sus medios de vida, por la acción de las administraciones públicas. En ciudades como Vigo no hay ningún albergue en condiciones adecuadas para las personas sin hogar.

Los desalojos que se realizan sin informar previamente, sin permitir que las personas participen en las decisiones o sin ofrecer alojamientos alternativos, constituyen desalojos forzosos, prohibidos por el derecho internacional. Son violaciones graves de los derechos humanos.

Otro ejemplo: toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Esto tampoco es una realidad para miles de personas con discapacidades mentales. En España según datos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad existen únicamente 6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Los recursos públicos en salud mental son limitados y encontrar un diagnóstico o tratamiento oportunos presenta enormes dificultades. Para algunas personas que padecen estas enfermedades, el contacto con las autoridades se reduce a la contención policial. Se están violando sus derechos humanos.

Se estigmatiza a sectores enteros de población que viven en asentamientos precarios o que sufren discapacidades mentales. Asociar a ciertos sectores con delincuencia, o identificarlos como una amenaza puede preceder o propiciar en algunos casos intervenciones abusivas de las autoridades. Las mujeres que pertenecen a estos grupos están doblemente discriminadas.

Las barreras para acceder a recursos legales que les permitan hacer valer sus derechos, aumentan la indefensión y agravan la pobreza.

Los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley, ni amparados por la justicia de manera adecuada. Ni siquiera la Constitución los protege plenamente. Las autoridades estatales, autonómicas y locales deben garantizar que las personas puedan exigir estos derechos e incluso poder recurrir a un tribunal cuando son vulnerados