Por los derechos humanos en todo el mundo

En los últimos años ha habido en España un aumento de denuncias de abusos y discriminación contra ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas como los gitanos. No son casos aislados, sino que se ha detectado un incremento  preocupante de actos discriminatorios en el ámbito laboral, educativo, en el acceso a la vivienda, a lugares de ocio, etc. Todo ello va acompañado de un alarmante crecimiento de casos de tortura y malos tratos a inmigrantes o minorías étnicas por parte de agentes del Estado.  

Amnistía Internacional ha recogido en diferentes informes sus preocupaciones al respecto. El informe Parar el racismo, no a las personas: Perfiles raciales y control de la inmigración en España (diciembre de 2011) expone la práctica discriminatoria e ilegal de aplicar perfiles raciales para identificar a los migrantes en situación irregular, y muestra sus negativas consecuencias para los migrantes en España. Entre la desgana y la invisibilidad (abril de 2008), repasa las medidas impulsadas por los Gobiernos españoles en los últimos años para abordar la lucha contra el racismo. Medidas que resultan claramente insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos.

En el informe "Ceuta y Melilla un año después" (octubre de 2006) hacemos un seguimiento de los graves acontecimientos de verano de 2005 en que murieron 13 personas al intentar saltar la valla de Ceuta y Melilla y cientos resultaron heridas. En el momento de publicar el informe, el clima de impunidad sobre lo sucedido prevalece.

En el informe "Frontera Sur" (junio de 2005) AI sacaba a la luz los obstáculos que encuentran las personas que llegan a España a través de Ceuta, Melilla, Canarias y las costas de Andalucía.

La organización pide a las autoridades españolas que combatan el racismo, la xenofobia y la discriminación, y que promuevan una sociedad basada en la tolerancia, la diversidad y el respeto de los derechos humanos.

Por ese motivo, Amnistía Internacional insta al estado español a poner en marcha la recién aprobada Estrategia Integral contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia, y a elaborar planes autonómicos y locales que incluyan medidas de todo tipo (político, social, educativo, de sensibilización...) para luchar contra actos y actitudes racistas, xenófobas, antisemitas e islamofóbas, así como manifestaciones de rechazo generalizado de los inmigrantes. El fin último es eliminar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el lugar de trabajo, en su acceso a la sanidad, educación, prestaciones sociales, a la vivienda, a locales de entretenimiento, etc.  

También considera imprescindible:  

• Un reforzamiento del mandato y de la independencia del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación por el Origen Étnico y Racial, y dotarle de recursos suficientes y de capacidad para litigar en juicio.
• La creación de un mecanismo independiente de investigación de casos de malos tratos por agentes del Estado. 
• Una ley de igualdad de trato que proteja y garantice el acceso de todas las víctimas de la discriminación a la justicia.
• La recogida y publicación de datos sobre incidentes racistas, así como de las denuncias interpuestas, los procedimientos abiertos y los resultados de esos procedimientos. 
• Mecanismos para evaluar el modo en que se aplican las medidas legales, penales, judiciales y administrativas destinadas a combatir el racismo.
• La adopción de un protocolo claro y detallado de actuación en los procedimientos y prácticas de detención. 
• Mayor formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en materia de derechos humanos y  mayor sensibilización hacia los temas de racismo, xenofobia y discriminación. 

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