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El software de entretenimiento se está convirtiendo en la oferta de ocio preferida por la población española, especialmente entre adolescentes, sin que el Estado español asuma la responsabilidad que le obliga a garantizar la máxima protección de los derechos de los menores de edad.
En España, al igual que en otros países, la violencia de género saca ventaja de la vulnerabilidad, la desprotección e indefensión de sus víctimas, en este caso las mujeres inmigrantes. La aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género supuso la primera norma que reconocía su especial vulnerabilidad y establecía el compromiso de garantizar su acceso a todos los recursos previstos para las víctimas, en pie de igualdad con el resto de las mujeres.
El Gobierno español margina los derechos humanos en sus relaciones con países como Rusia, China, Estados Unidos y Colombia, primando intereses políticos, estratégicos y económicos, e incluso, en algunos casos, además presta apoyo político a acciones que puedan acabar en vulneraciones de derechos humanos.
En España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendida y persistente. Amnistía Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación, así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía en relación con estos delitos.
Resultado de las encuestas realizadas por Amnistía Internacional a joyerías españolas. Para poner fin al comercio ilegal de diamantes que todavía es una realidad, en 2003 se puso en marcha el Sistema Internacional de Certificación del Proceso de Kimberley, acordado por países exportadores e importadores. España, junto a sus socios europeos, también forma parte de este mecanismo internacional. Por su parte, la industria del diamante se comprometió a poner en marcha un sistema de autorregulación voluntario para apoyar este proceso, que incluye, por ejemplo, garantías por escrito de que los diamantes no proceden de zonas de conflicto.
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