Por los derechos humanos en todo el mundo

Un año después de la plena entrada en vigor de la Ley Integral Amnistía Internacional analiza si las medidas puestas en marcha han salvado los obstáculos que hasta entonces encontraban las mujeres víctimas de violencia de género. El informe recoge datos de 8 comunidades autónomas, hace un conjunto de 40 recomendaciones y propone 18 indicadores mínimos para evaluar a final de la legislatura si realmente la respuesta institucional hacia la violencia de género está haciendo realidad los derechos de las Mujeres.

Los restos de decenas de miles de personas permanecen en fosas clandestinas. Los familiares de los condenados a muerte y ejecutados tras juicios injustos no han podido conseguir la anulación de las sentencias. Los archivos oficiales siguen siendo de difícil acceso y, en algunos casos, corren el riesgo de desaparecer. 

La protección de los derechos de la infancia está en manos de la voluntariedad de las empresas que comercializan los videojuegos.

Diez meses después de la entrada en vigor la Ley Integral Amnistía Internacional denuncia que el Estado español no cumple con su obligación de proteger los derechos humanos de todas las mujeres vícitmas de violencia de género y contribuye a la discriminación de aquellas que están en una situación de "irregularidad". Estas mujeres se encuentran expuestas a distinciones arbitrarias, se les excluye del acceso a ayudas económicas, se les deniega el acceso a las casas de acogida y se las envía a recursos no especializados.

En la Ley Orgánica de Educación, el Gobierno español incumple las recomendaciones de Naciones Unidas sobre Educación en Derechos Humanos del Programa Mundial y se sitúa a la cola de los gobiernos europeos de su entorno en este campo.