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Tres años de la Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. En este nuevo informe, Amnistía Internacional llama la atención sobre la falta de cumplimiento de algunos de los compromisos de la ley integral, que después de tres años de su entrada en vigor no tiene el impacto esperado.
Arrestos y expulsiones colectivas de migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa. Desde 2006, miles de personas migrantes acusadas de salir de Mauritania con la intención de entrar de forma irregular en las Islas Canarias, España, han sido arrestadas y devueltas a Malí o a Senegal sin que se les haya permitido ejercitar el derecho a apelar contra esta decisión ante una autoridad judicial. Muchas de estas personas han permanecido varios días en un centro de detención de Nuadibú, en el norte de Mauritania, donde algunas han sufrido malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad mauritanas.
Este informe hace un repaso a los logros y las oportunidades perdidas en el ámbito de la defensa de los derechos humanos en la pasada legislatura 2004-2008, y plantea una serie de recomendaciones para la acción del Gobierno de cara a la presente legislatura 2008-2012.
En este informe, revisamos 300 planes de estudio de trece países y territorios europeos que demuestran el escaso compromiso con los derechos humanos en la educación superior tanto en España como en sus países vecinos. Sólo cuatro de los trece países y territorios europeos tomados como referencia destacan por potenciar la presencia de materias obligatorias de derechos humanos: Inglaterra, con diez; Portugal, con ocho; Bélgica, con siete; y Francia con cinco.
Este informe repasa las medidas impulsadas por los Gobiernos españoles en los últimos años para abordar la lucha contra el racismo, a la luz de las obligaciones y compromisos internacionales suscritos por el Estado español. Medidas que, en opinión de Amnistía Internacional, resultan claramente insuficientes para cumplir con los compromisos adquiridos. Tras este análisis se hacen públicas las recomendaciones de la organización a las autoridades estatales, autonómicas y locales.
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