Por los derechos humanos en todo el mundo

Con motivo del segundo aniversario de la plena entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Amnistía Internacional organizó el 15 de junio de 2007 un encuentro con organizaciones de mujeres y profesionales de los ámbitos asistencial, jurídico, policial y sanitario para hacer públicos y analizar los avances y obstáculos en la aplicación efectiva de dicha Ley. Este documento recoge los aspectos más importantes de las diferentes intervenciones.

En el segundo aniversario de la ley, y cuando el número de mujeres muertas en lo que va de año ha superado la treintena, este nuevo informe analiza las medidas anunciadas por el Gobierno español para la puesta en práctica de la Ley Integral el pasado 15 de diciembre, hace seis meses, cuando hizo público el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género Marco Conceptual y Ejes de Intervención. Amnistía Internacional concluye que es urgente dar pasos concretos y poner todos los medios necesarios para que los derechos de las mujeres se hagan realidad.

Las autoridades autonómicas y municipales tienen obligaciones en materia de derechos humanos. AI pide a los candidatos electorales de las elecciones municipales y autonómicas de 27 de mayo de 2007 que se comprometan con las recomendaciones que recoge este documento, y que sean incorporadas en la agenda de trabajo de los gobiernos y corporaciones que resulten elegidos.

En los últimos años, armas españolas han estado llegando a destinos en contradicción con algunos de los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea. El 29 de diciembre de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso. Sin embargo, el texto presentado resulta decepcionante, al no introducir apenas avances sobre la normativa existente. Este informe, publicado en colaboración por Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam pretende contribuir al debate parlamentario de la futura ley, haciendo recomendaciones concretas sobre cómo mejorarlo.

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es probablemente el abuso de los derechos humanos más habitual y soterrado de cuantos se producen en nuestra sociedad, además de un grave problema de salud pública que afecta potencialmente a la mitad de la población. Conforme al derecho internacional, el Estado español tiene el deber de “actuar con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer”.