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En este informe, Amnistía Internacional ilustra cómo España mantiene uno de los regímenes de detención más estrictos de Europa, con el que incumple las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La detención en régimen de incomunicación niega a la persona sometida a ella el derecho a un juicio justo. Tal régimen puede constituir en sí mismo trato cruel, inhumano o degradante.
Amnistía Internacional denuncia las carencias que persisten en España a la hora de luchar contra la violencia sexual y la trata.
Desde el auto judicial que dispone la tramitación de una causa por la Audiencia Nacional sobre hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, la sociedad española está siendo expuesta a opiniones y declaraciones de autoridades en las que bien se hace una utilización distorsionada de conceptos y términos de naturaleza jurídica, bien se falta a la verdad en torno al contenido del proceso. En este contexto de grave desinformación por parte de autoridades que debían defender la legalidad, Amnistía Internacional ofrece este documento para exponer y esclarecer conceptos ante la confusión que se está sembrando, y contribuir a que las autoridades españolas ajusten sus opiniones y decisiones a la legislación a la que se deben con justicia y equidad.
Este documento es el primero de la serie "Estrechando el cerco", dedicada a cada uno de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas. Cada documento se ha confeccionado con la intención de servir de ayuda a abogados, víctimas y sus familiares, a identificar los países en los que las personas sospechosas de cometer crímenes de derecho internacional puedan ser efectivamente procesadas y obligadas a brindar reparaciones de manera legal.
La llamada “Guerra contra el Terror” liderada por Estados Unidos ha tenido impacto en España. Las entregas extraordinarias y detenciones secretas lideradas por Estados Unidos a través de territorio español, los interrogatorios ilegales de policías españoles en Guantánamo o la violación de la prohibición absoluta de la tortura en relación a extradiciones y expulsiones demuestran que España ha respondido a la “Guerra contra el Terror” incumpliendo obligaciones internacionales de derechos humanos.
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