En España la tortura y los malos tratos de personas detenidas a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley es una práctica extendida y persistente. Amnistía Internacional lleva años expresando honda preocupación por esta situación, así como por la impunidad de que disfrutan muchos agentes de policía en relación con estos delitos.

Resultado de las encuestas realizadas por Amnistía Internacional a joyerías españolas. Para poner fin al comercio ilegal de diamantes que todavía es una realidad, en 2003 se puso en marcha el Sistema Internacional de Certificación del Proceso de Kimberley, acordado por países exportadores e importadores. España, junto a sus socios europeos, también forma parte de este mecanismo internacional. Por su parte, la industria del diamante se comprometió a poner en marcha un sistema de autorregulación voluntario para apoyar este proceso, que incluye, por ejemplo, garantías por escrito de que los diamantes no proceden de zonas de conflicto.

En el marco de las obligaciones de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Gobierno central debe adoptar en todo el territorio las medidas necesarias para regular el uso de las armas tipo Taser; una responsabilidad que también deben asumir los gobiernos regionales en su ámbito de actuación.

Este documento explica el posicionamiento de Amnistía Internacional en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que comienza a impartirse en el curso 2007/2008 en siete Comunidades Autónomas. La organización entiende que su implantación es un paso positivo de cara  a cumplir con los compromisos internacionales y europeos adquiridos por los dos últimos gobiernos de España. Pese a ello, este avance supone tan solo un primer paso, quedando mucho por hacer para iniciar y consolidar los derechos humanos en las escuelas y centros educativos de todo el país.

Con motivo del segundo aniversario de la plena entrada en vigor de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Amnistía Internacional organizó el 15 de junio de 2007 un encuentro con organizaciones de mujeres y profesionales de los ámbitos asistencial, jurídico, policial y sanitario para hacer públicos y analizar los avances y obstáculos en la aplicación efectiva de dicha Ley. Este documento recoge los aspectos más importantes de las diferentes intervenciones.