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En el marco de las obligaciones de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Gobierno central debe adoptar en todo el territorio las medidas necesarias para regular el uso de las armas tipo Taser; una responsabilidad que también deben asumir los gobiernos regionales en su ámbito de actuación.
Voltios_sin_control.pdf 355 K
Este documento explica el posicionamiento de Amnistía Internacional en relación con la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que comienza a impartirse en el curso 2007/2008 en siete Comunidades Autónomas. La organización entiende que su implantación es un paso positivo de cara a cumplir con los compromisos internacionales y europeos adquiridos por los dos últimos gobiernos de España. Pese a ello, este avance supone tan solo un primer paso, quedando mucho por hacer para iniciar y consolidar los derechos humanos en las escuelas y centros educativos de todo el país.
Las autoridades autonómicas y municipales tienen obligaciones en materia de derechos humanos. AI pide a los candidatos electorales de las elecciones municipales y autonómicas de 27 de mayo de 2007 que se comprometan con las recomendaciones que recoge este documento, y que sean incorporadas en la agenda de trabajo de los gobiernos y corporaciones que resulten elegidos.
Mas_derechos_humanos.pdf 204 K
En los últimos años, armas españolas han estado llegando a destinos en contradicción con algunos de los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea. El 29 de diciembre de 2006 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso. Sin embargo, el texto presentado resulta decepcionante, al no introducir apenas avances sobre la normativa existente. Este informe, publicado en colaboración por Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam pretende contribuir al debate parlamentario de la futura ley, haciendo recomendaciones concretas sobre cómo mejorarlo.
Ley_con_agujeros.pdf 827 K
Sólo el 5% de las mujeres maltratadas presenta denuncia, pero la inmensa mayoría acude a la consulta médica. Faltan medios, recursos y coordinación para la detección precoz de la violencia de género y la atención a las víctimas en el ámbito sanitario.