Tres años de la Ley de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. En este nuevo informe, Amnistía Internacional llama la atención sobre la falta de cumplimiento de algunos de los compromisos de la ley integral, que después de tres años de su entrada en vigor no tiene el impacto esperado.

Desde el auto judicial que dispone la tramitación de una causa por la Audiencia Nacional sobre hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, la sociedad española está siendo expuesta a opiniones y declaraciones de autoridades en las que bien se hace una utilización distorsionada de conceptos y términos de naturaleza jurídica, bien se falta a la verdad en torno al contenido del proceso. En este contexto de grave desinformación por parte de autoridades que debían defender la legalidad, Amnistía Internacional ofrece este documento para exponer y esclarecer conceptos ante la confusión que se está sembrando, y contribuir a que las autoridades españolas ajusten sus opiniones y decisiones a la legislación a la que se deben con justicia y equidad.

Este documento es el primero de la serie "Estrechando el cerco", dedicada a cada uno de los 192 Estados miembros de las Naciones Unidas.Cada documento se ha confeccionado con la intención de servir de ayuda a abogados, víctimas y sus familiares, a identificar los países en los que las personas sospechosas de cometer crímenes de derecho internacional puedan ser efectivamente procesadas y obligadas a brindar reparaciones de manera legal. En cada uno de los documentos de la serie se proporcionan, además,recomendaciones sobre lo que cada gobierno concreto puede hacer para que su legislación nacional se ajuste al derecho internacional.

Madrid.- La llamada “Guerra contra el Terror” liderada por Estados Unidos ha tenido impacto en España. Las entregas extraordinarias y detenciones secretas lideradas por Estados Unidos a través de territorio español, los interrogatorios ilegales de policías españoles en Guantánamo o la violación de la prohibición absoluta de la tortura en relación a extradiciones y expulsiones demuestran que España ha respondido a la “Guerra contra el Terror” incumpliendo obligaciones internacionales de derechos humanos.

Arrestos y expulsiones colectivas de migrantes a quienes se ha negado la entrada en Europa.  Desde 2006, miles de personas migrantes acusadas de salir de Mauritania con la intención de entrar de forma irregular en las Islas Canarias, España, han sido arrestadas y devueltas a Malí o a Senegal sin que se les haya permitido ejercitar el derecho a apelar contra esta decisión ante una autoridad judicial. Muchas de estas personas han permanecido varios días en un centro de detención de Nuadibú, en el norte de Mauritania, donde algunas han sufrido malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad mauritanas.