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Informe lanzado por Amnistía Internacional que pone en evidencia las violaciones de derechos humanos sufridas por los menores internados en los centros de protección terapéuticos españoles. Algunos de estos menores han sido víctimas de privación de libertad sin orden judicial, malos tratos y aislamiento en celdas. Hay casos de vulneración de su derecho a la salud con tratamientos médicos sin diagnóstico, administrados sin la debida diligencia, sin información y sin su consentimiento, e incluso mediante medicación forzosa con fines sancionadores. La Administración reconoce desconocer cuántos menores hay en España bajo su protección.
Actualización del informe publicado en 2007: "Sal en la herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos", con información al día de los casos recogidos entonces. La actualización también analiza los cambios habidos en España desde 2007 con respecto a la prevención e investigación de la tortura y otros malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Este documento ofrece un análisis de las estadísticas oficiales, valora los cambios introducidos después de la Ley 53/2007, aporta datos que no están incluidos en el documento remitido por el Gobierno al Congreso, y termina con un decálogo de recomendaciones dirigidas al Congreso de los Diputados y al Ejecutivo de cara a la adopción del dictamen parlamentario.
En este informe, Amnistía Internacional recuerda que es perfectamente legítimo que el Estado español articule una política de control migratorio pero que ésta no debe vulnerar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos ya adoptados por el Estado español. No tener papeles es una irregularidad de carácter administrativo que, en ningún caso, debe anteponerse a las vulneraciones de derechos humanos que puedan sufrir las personas migrantes.
En este informe, Amnistía Internacional ilustra cómo España mantiene uno de los regímenes de detención más estrictos de Europa, con el que incumple las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La detención en régimen de incomunicación niega a la persona sometida a ella el derecho a un juicio justo. Tal régimen puede constituir en sí mismo trato cruel, inhumano o degradante.