Por los derechos humanos en todo el mundo

Mujeres y niñas son objeto de una violencia sexual generalizada y sistemática a manos de todas las partes del conflicto armado de Colombia: paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes de la guerrilla.

Las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas; a menudo son tratadas como trofeos de guerra.

Aunque algunas han sido agredidas por razones diferentes al género, muchas han sufrido abusos sexuales por el simple hecho de ser mujeres: para explotarlas como esclavas sexuales, para sembrar el terror en las comunidades y así facilitar la imposición del control militar, para obligar a las familias enteras a huir de sus casas y permitir la apropiación de sus tierras, y para vengarse de los adversarios.

Las mujeres son escogidas como víctimas también como represalia por su labor como defensoras de derechos humanos o como líderes comunitarias y sociales, en un intento de silenciarlas cuando denuncian abusos.

Como señala el informe de Amnistía Internacional, "Eso es lo que nosotros exigimos, que se haga justicia", las autoridades colombianas no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado. Desde que el presidente Santos tomó posesión en 2010, el Gobierno ha prometido abordar la crisis de los derechos humanos, pero las mujeres y las niñas colombianas aún no han visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de los abusos.

La inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes hace muy difícil evaluar el alcance real del problema. Incluso cuando la mujer reúne el coraje necesario para denunciar un caso de violación o de violencia sexual, éste rara vez se investiga efectivamente, como se puede constatar en el documento de testimonios recogidos por Amnistía Internacional “Hablan las sobrevivientes”.

Los obstáculos para la justicia abarcan la histórica inexistencia de voluntad política para combatir la impunidad, unas medidas de protección ineficaces para testigos y sobrevivientes, una formación precaria en cuestiones de género para los funcionarios judiciales, y la no tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen de derecho internacional.

Las mujeres indígenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras adicionales, como la ausencia de traductores, las dificultades para viajar desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde viven.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades colombianas que elaboren una estrategia global para garantizar la prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedio a las víctimas.