En los últimos dos decenios, en Colombia han muerto por homicidio más de 2.000 sindicalistas y han sido sometidos a desaparición forzada 138. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Aunque en los últimos años se ha reducido el número de homicidios de sindicalistas, Amnistía Internacional considera que la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales sigue siendo grave.

Aunque en 2007 se informó de 39 homicidios de sindicalistas, frente a los 72 de 2006, se produjo un incremento del 22,4 por ciento del número de sindicalistas objeto de desplazamiento forzado con respecto al año anterior. Además, los atentados frustrados contra la vida de sindicalistas se duplicaron, de 5 casos en 2006, a 11 en 2007.

Las cifras recientes de 2008 parecen indicar que no es probable que se repita la tendencia de 2007 a una disminución del número de homicidios contra sindicalistas. Según los informes, en los tres primeros meses de 2008 se ha dado muerte al menos a 17 sindicalistas, lo cual supone un incremento del 89 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior.

El Gobierno colombiano ha declarado que los sindicalistas muertos no habían recibido amenazas ni estaban en proceso de negociación colectiva con sus empresas. No obstante, parece claro que algunos de los homicidios y amenazas contra sindicalistas y otros activistas de los derechos humanos ocurridos en los últimos meses pueden estar relacionados con el papel que las víctimas desempeñaban en la participación de las manifestaciones del 6 de marzo de 2008 que se organizaron para condenar los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares de Colombia.

La Escuela Nacional Sindical (ENS), Organización No Gubernamental de derechos humanos, observó un nuevo patrón de ataques contra sindicalistas en 2007. Ese año hubo numerosos casos de homicidios selectivos de sindicalistas que tuvieron lugar sin que la víctima recibiera antes ninguna amenaza. Esta nueva tendencia dificulta la atribución del delito a un agente específico y facilita la alegación de que los homicidios no están relacionados con la actividad sindical, sino que forman parte del contexto de violencia en general. Sin embargo, Amnistía Internacional mantiene que los sindicalistas de Colombia son blanco de ataques a causa del trabajo que realizan o de su papel como activistas sociales, y que los homicidios y amenazas contra ellos no son simplemente violencia común, como sostiene el gobierno.

Amnistía Internacional considera que la comunidad internacional tiene una importante función que desempeñar en los esfuerzos por garantizar el derecho a la libertad sindical en Colombia. El hecho de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidiera en 2006 establecer una presencia permanente en Colombia a fin de mantener bajo observación el derecho a la libertad sindical constituye una excelente oportunidad para que ésta vigile atentamente la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales y pida a las autoridades colombianas que tomen medias decisivas para garantizar su seguridad.

Ver el informe titulado Colombia - Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia (PDF)