Colombia está inmerso en una crisis de derechos humanos permanente. El conflicto armado que azota al país desde hace 40 años enfrenta a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares contra los grupos guerrilleros, en un ciclo interminable de violencia que ha producido un número ingente de víctimas, civiles en su mayoría.

En los últimos 20 años han muerto más de 70.000 personas y más de tres millones se han convertido en desplazados internos. 

Entre los grupos que más han sufrido los abusos se encuentran las comunidades de origen africano, indígenas, campesinas y desplazadas, así como los activistas de derechos humanos, comunitarios y sindicales.

Todas las partes en conflicto han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, pero los paramilitares, en connivencia con el Ejército, son responsables de la mayoría de los homicidios de civiles, las desaparaciones y los casos de tortura en los últimos años.

Hay también claros indicios de que las estructuras paramilitares han quedado intactas tras la “desmovilización” y de que muchos paramilitares desmovilizados están siendo “reciclados”, principalmente como informantes pagados del ejército. 

Los grupos armados de oposición son responsables de infracciones graves y reiteradas del Derecho Internacional Humanitario, como la toma de rehenes y el homicidio de civiles. Las FARC han llevado a cabo ataques utilizando armas de forma desproporcionada e indiscriminada, acarreando la muerte de numerosos civiles. Es urgente que las fuerzas guerrilleras y el gobierno lleguen a un acuerdo humanitario para garantizar la protección de la población civil en el conflicto.

En julio de 2003, la comunidad internacional adoptó la Declaración de Londres y en febrero de 2005 la Declaración de Cartagena. En ambas se expresaba una honda preocupación por la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa Colombia, y se instaba al gobierno colombiano a que aplicara sin demora las recomendaciones de las Naciones Unidas y tomara medidas eficaces contra la impunidad y la connivencia, especialmente con los grupos paramilitares.

El gobierno colombiano se ha comprometido en reiteradas ocasiones a cumplir las recomendaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas. Debe poner en marcha de una vez por todas esas recomendaciones, adoptando para ello medidas concretas de acción y seguimiento que puedan ser evaluadas.