Por los derechos humanos en todo el mundo

Hace ya casi medio siglo que el conflicto armado interno de Colombia enfrenta a las fuerzas de seguridad, que actúan solas o junto con grupos paramilitares, con un abanico de grupos guerrilleros de izquierdas.

Los ataques contra civiles son la marca del conflicto. Todas las partes enfrentadas son  responsables de crímenes del derecho internacional y de violaciones de derechos humanos generalizadas y graves.

Millones de mujeres, hombres y menores han sido objeto de desplazamientos forzados, homicidios ilegítimos y torturas (incluida violencia sexual), sometidos a cautividad o víctimas de desapariciones forzadas.

La escala de las violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos 45 años es espeluznante. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está investigando,a fecha de 2011, más de 27.000 casos de desaparición forzada cometidos en el curso de las hostilidades, aunque se cree que la cifra real de desapariciones es significantemente superior.

Amnistía Internacional calcula que en los últimos 25 años entre tres y cinco millones de personas han sido víctimas de desplazamiento interno en Colombia.

La no distinción deliberada y sistemática entre civiles y combatientes viene siendo una característica constante del conflicto. Todas las partes continúan empleando estrategias militares dedicadas a debilitar lo que perciben como apoyo de la población civil al “enemigo”, atacando a comunidades solo por el lugar donde viven.

Entre los grupos más vulnerables están los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, y quienes viven en zonas de importancia estratégica para las partes enfrentadas o de interés para los sectores minero, agroindustrial o energético nacionales y multinacionales.

Pese a las afirmaciones del Gobierno de que todos los paramilitares se desmovilizaron en un proceso que se inició en 2003, estos grupos siguen actuando, a veces en connivencia con las fuerzas de seguridad o con su consentimiento. Existen pruebas fehacientes de que el número de combatientes que integran estos grupos está aumentando, de que se están volviendo más violentos y de que están atravesando un proceso de fusión. Son responsables de violaciones graves de derechos humanos, especialmente contra defensores y defensoras de estos derechos, líderes comunitarios y sindicalistas. También son responsables de operaciones de “limpieza social” en  barrios pobres urbanos.

Los grupos guerrilleros siguen cometiendo abusos graves contra los derechos humanos y violaciones de derecho internacional humanitario, como homicidios ilegítimos, toma de rehenes y reclutamiento forzado de menores.